PARRAL, CHIH. — Tras reportarse un incremento del 27 por ciento en nacimientos de madres menores de 15 años en la Sierra Tarahumara durante 2025, activistas y autoridades estatales coincidieron en que el problema requiere un abordaje integral que trascienda la atención médica e incluya la investigación de violencia sexual. Organizaciones como el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT) e integrantes del albergue El Venadito en Parral advirtieron que factores como el aislamiento geográfico, el consumo problemático de sustancias en comunidades y barreras de acceso a la justicia vulneran a niñas y adolescentes indígenas, enfatizando la urgencia de verificar el cumplimiento estricto del aviso obligatorio a las autoridades ministeriales ante la detección de gestaciones infantiles.
Por su parte, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del componente de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, reconoció que la incidencia de embarazos a temprana edad responde a condicionantes socioeconómicas, culturales y de dispersión territorial. La dependencia precisó que se dispone de 80 Servicios Amigables y dos unidades móviles Edusex para acercar métodos preventivos y orientación a localidades de difícil acceso, además de señalar que los protocolos médicos obligan al personal de salud a brindar la atención clínica primaria y notificar posteriormente al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando se atiende a una gestante menor de 14 años.
Pese a la existencia de la normativa aplicable, representantes de la sociedad civil urgieron a transparentar cuántos de los 89 casos contabilizados por el Inegi en los municipios serranos —entre los que destaca el alumbramiento de una menor de 10 años en el municipio de Morelos— derivaron en carpetas de investigación efectivas por delitos del orden sexual o en medidas cautelares de protección. Las organizaciones insistieron en fortalecer las brigadas de prevención directa en el campo para evitar la deserción escolar, combatir el consumo de alcohol y drogas en los entornos comunitarios y garantizar el acompañamiento integral tras el parto.