Directivos del centro de asistencia “Serva” se pusieron en contacto con los medios de comunicación para precisar la situación en torno a un joven vinculado a la institución.
CHIHUAHUA— Un caso de extrema gravedad ha conmocionado a la capital del estado, luego de que la Fiscalía General del Estado lograra la vinculación a proceso del encargado de un centro de asistencia social, señalado por la presunta agresión sexual en agravio de un adolescente de 16 años que se encontraba bajo la tutela del DIF Estatal.
Los hechos que detonaron las investigaciones ocurrieron en el mes de abril de 2025, cuando la víctima, quien había abandonado su hogar por problemas familiares, fue canalizada al albergue denominado “Serva”, ubicado en la colonia Vida Digna. De acuerdo con la carpeta de investigación, dentro del inmueble el adolescente fue víctima de agresiones sexuales por parte del responsable del lugar, identificado como Andrés David H. H.
El caso salió a la luz gracias a que el menor logró aprovechar un descuido para escapar del albergue. De manera inmediata, el joven acudió en compañía de su madre ante las instancias ministeriales para presentar la denuncia formal, rompiendo el cerco de silencio que en ocasiones vulnera a los sectores bajo protección institucional.
Tras las indagatorias, la autoridad judicial ejecutó la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, quien ya no laboraba en el centro al momento de iniciarse formalmente la indagatoria. El pasado 1 de mayo de 2026, elementos ministeriales concretaron su captura y, días después, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de violación y abuso sexual con penalidad agravada, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.
Como parte de la continuidad de las diligencias, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo en las instalaciones del albergue “Serva”, lo que derivó en su clausura definitiva. Al momento de colocar los sellos oficiales de aseguramiento, las autoridades localizaron a 13 menores que aún permanecían internados en el lugar, los cuales fueron rescatados y reubicados de manera inmediata en espacios seguros bajo la tutela institucional.
Tras la difusión de los hechos, directivos del centro de asistencia se pusieron en contacto con los medios de comunicación para precisar su postura en torno a la persona señalada.
De acuerdo con la aclaración proporcionada, el implicado, de nombre Andrés, fue en su momento un joven bajo la tutela del DIF que permaneció en la institución a petición propia, al no contar con un lugar donde vivir y manifestar su deseo de “hacer las cosas bien”; sin embargo, señalaron que un día solicitó permiso temporal para visitar a sus padres y ya no regresó a las instalaciones.
Ante este tipo de situaciones que vulneran a la niñez y juventud institucionalizada, especialistas y organismos protectores de derechos humanos enfatizan la urgencia de aplicar medidas estrictas:
• Filtros de confianza inquebrantables: Las instituciones de cuidado deben exigir peritajes psicológicos exhaustivos a todo su personal; el carisma nunca debe sustituir una evaluación forense profesional.
• Canales de denuncia autónomos: Los menores en albergues deben tener acceso directo y confidencial a autoridades externas, sin pasar por los filtros de los administradores del recinto.
La protección de la juventud vulnerada exige instituciones transparentes y cero impunidad.
