Fuerzas federales y estatales desmantelaron en el municipio de Tlaola una presunta granja clandestina de minería (creación) de criptomonedas, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla. No se informó de personas detenidas.
En el operativo fueron decomisaron cerca de 300 equipos de cómpu-to especializados, un transformador eléctrico de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.
La dependencia indicó que se investiga si la infraestructura estaba conectada de manera irregular a la red eléctrica y si los activos virtuales obtenidos pudieron utilizarse para lavado de dinero.
El inmueble fue localizado en Tlaola, municipio indígena de la zona montañosa de la Sierra Norte, colindante con Chiconcuautla y Huauchinango, a 230 kilómetros de la capital del estado.
La etnia que predomina es náhuatl y más de 60 por ciento de la población habla esta lengua. Este pueblo de unos 20 mil habitantes, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2020, es gobernado por Simón Garrido Morgado, del PAN.
Una granja de criptomonedas reúne computadoras de alto rendimiento que procesan operaciones para generar activos digitales, entre ellos el bitcóin.
La compra o minería de estos activos no está prohibida en México; sin embargo, las autoridades indagan posibles delitos cuando se emplea infraestructura eléctrica sin contratos oficiales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cuando se usan recursos digitales para ocultar dinero de origen ilícito.
La minería es el proceso informático donde se validan transacciones en una red descentralizada –como la de bitcóin– y se añaden a un registro público llamado cadena de bloques o blockchain.
En un comunicado, la SSP dio a conocer que el operativo lo encabezó la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales. Apuntó que las autoridades analizan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron ser utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas.
Agregaron que el inmueble y los objetos localizados los resguarda la autoridad competente mientras se desarrollan las indagatorias.
Mencionaron que comunidades rurales y apartadas pueden ser utilizadas para ocultar el ruido generado por los equipos, reducir la vigilancia y facilitar conexiones irregulares a las redes eléctricas.
