Una columna de Héctor de Mauleón reaviva la controversia por una supuesta reunión en Guadalupe y Calvo, donde presuntamente se habría negociado respaldo criminal para candidaturas de Morena. Ariadna Montiel rechaza los señalamientos y exige pruebas.
Chihuahua.— ¡La política y las acusaciones sobre el crimen organizado vuelven a cruzarse en Chihuahua! Un texto que circula por WhatsApp encendió la controversia rumbo a las elecciones de 2027, al retomar una publicación del periodista Héctor de Mauleón, en El Universal, sobre una presunta reunión que involucra a figuras políticas y a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la versión difundida, el encuentro habría ocurrido a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara. En la supuesta reunión habrían participado Ariadna Montiel y Juan Carlos Loera, de acuerdo con los señalamientos atribuidos a fuentes de seguridad federal citadas por el periodista.
El punto más delicado de la versión es el presunto acuerdo que se habría planteado: que grupos criminales respaldaran candidaturas de Morena a cambio de conservar el control de determinados territorios. Una acusación de enorme gravedad que, hasta ahora, no cuenta con pruebas públicas suficientes para dar por comprobados los hechos descritos.
Montiel ha negado los señalamientos y exigido evidencias. Su postura coloca el debate en un terreno que va más allá de la confrontación partidista: la necesidad de esclarecer las acusaciones con elementos verificables, no únicamente mediante versiones que se multiplican en redes sociales.
La polémica resurge mientras los partidos comienzan a perfilar sus movimientos rumbo a 2027. En Chihuahua, donde distintas regiones han enfrentado episodios de violencia y presencia de organizaciones criminales, cualquier señalamiento sobre una posible intervención del narco en procesos políticos exige una revisión seria y transparente.
Además, la publicación difundida también menciona acusaciones relacionadas con personajes vinculados al gobierno estatal, por lo que el escrutinio no debería limitarse a una sola fuerza política.
La pregunta que queda en el aire es contundente: ¿existen pruebas capaces de sostener los presuntos acuerdos descritos o estamos ante acusaciones que todavía deben ser esclarecidas?
Por ahora, la supuesta reunión y los pactos mencionados no pueden considerarse hechos acreditados. La presentación de evidencias, las respuestas de las personas señaladas y cualquier investigación oficial serán determinantes para establecer qué hay detrás de esta controversia que vuelve a colocar a Chihuahua en el centro del debate político nacional.
