La entrega de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal terminó provocando más inconformidad que satisfacción. Lo que debía ser un trámite administrativo encendió la molestia entre policías, luego de que, además de los requisitos habituales, se les solicitara entregar copia de su credencial para votar (INE) y copia de su porte de arma.
La exigencia tomó por sorpresa a decenas de elementos, quienes aseguran que en ningún momento se les explicó de manera clara cuál es el fundamento para pedir esa documentación, quién tendrá acceso a esos datos personales o cuál será el destino de la información recopilada.
El descontento crece al interior de la corporación y entre los propios policías comienzan a surgir cuestionamientos e incluso sospechas, debido a que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, ha sido mencionado públicamente como un posible aspirante a un cargo de elección popular.
Entre los elementos circulan preguntas que hasta el momento permanecen sin respuesta: ¿por qué se requiere una copia de la credencial de elector para entregar un uniforme?, ¿qué dependencia resguardará esa información?, ¿existe un aviso de privacidad?, ¿se cuenta con autorización expresa de los policías para el tratamiento de sus datos personales?
Es importante señalar que, hasta el momento, no existe evidencia pública de que esa documentación vaya a utilizarse con fines electorales o distintos a los administrativos. Sin embargo, la falta de una explicación oficial ha provocado incertidumbre y alimentado la inconformidad entre el personal.
La transparencia no debería dejar espacio a las dudas. Cuando una institución pública solicita documentos que contienen datos personales sensibles, también tiene la responsabilidad de informar con precisión para qué serán utilizados, bajo qué fundamento legal y qué medidas existen para proteger esa información.
Mientras no haya una explicación clara por parte de la SSPE, el malestar entre los elementos seguirá creciendo. Y cuando quienes arriesgan la vida todos los días comienzan a desconfiar de las decisiones de sus propios mandos, el problema deja de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un asunto de confianza institucional.
