Jonatan Reyes Hernández, conocido como “El Guacho”, elemento de la Policía Estatal, vuelve a quedar en el centro de la polémica.
Hay historias que dentro de una corporación policiaca generan más preguntas que respuestas. Y el caso de “El Guacho” parece ser una de ellas.
De acuerdo con señalamientos atribuidos a elementos de la propia corporación, Jonatan Reyes Hernández habría sido suspendido luego de una llamada telefónica que presuntamente sostuvo con una persona vinculada al crimen organizado. Sin embargo, pese a los cuestionamientos y a la supuesta investigación, su situación habría dado un giro que hoy provoca molestia entre integrantes de la misma institución.
Primero la suspensión.
Después, un atentado.
Y posteriormente, custodia permanente en su domicilio y la posibilidad de continuar desempeñando funciones dentro de la corporación.
La pregunta que retumba entre policías es sencilla, pero incómoda:
¿QUIÉN PROTEGE A “EL GUACHO” Y POR QUÉ?
El caso tomó todavía más fuerza después de que el elemento fuera víctima de un presunto ataque armado afuera de su vivienda. Tras ese hecho, agentes estatales fueron asignados para mantener vigilancia en el lugar.
Para algunos integrantes de la corporación, resulta contradictorio que un elemento que habría estado bajo cuestionamientos termine recibiendo un esquema de protección mientras otros policías enfrentan diariamente situaciones de riesgo sin recibir un respaldo similar.
Pero la historia no termina ahí.
Entre los señalamientos que han circulado anteriormente aparece una acusación particularmente delicada: presuntamente “El Guacho” y otros elementos habrían despojado en la zona serrana al hijo de un supuesto líder criminal de una importante cantidad de dinero.
Se trata de una acusación que no ha sido acreditada públicamente y que, por su gravedad, tendría que ser investigada por las autoridades correspondientes.
La versión que circula entre inconformes señala que, después del supuesto incidente, los uniformados habrían descendido hacia la ciudad y posteriormente otros agentes que los relevaron fueron interceptados por sujetos armados.
Según esa versión, los elementos que sustituyeron al grupo habrían terminado pagando las consecuencias de un problema que presuntamente no habían provocado.
Y ahí aparece otra pregunta que incomoda todavía más:
¿PAGARON JUSTOS PORv PECADORES?
Porque si esas acusaciones fueran falsas, corresponde aclararlo con pruebas.
Pero si existieran investigaciones, denuncias o elementos que permitieran sostenerlas, entonces la ciudadanía merece saber qué autoridad investigó, qué determinó y por qué el elemento continúa teniendo acceso a funciones dentro de la corporación.
Mientras tanto, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal también han surgido señalamientos contra distintos mandos por presunto acoso laboral, acoso sexual, abuso de autoridad, lesiones, daños y otras conductas irregulares.
Son acusaciones serias que no deben convertirse en condenas mediáticas, pero tampoco deberían desaparecer debajo de la alfombra.
Entre los nombres mencionados por inconformes aparecen mandos y elementos de distintas regiones, incluyendo señalamientos relacionados con operaciones en Ojinaga y la zona serrana, así como acusaciones contra personal identificado como “El Ranger”, “Silva”, Rojas y “El Negro”.
Hasta ahora, estas versiones requieren documentación, investigación y, en su caso, determinación de las autoridades competentes.
Pero mientras las respuestas no llegan, crece la percepción entre algunos agentes de que dentro de la corporación existirían elementos con privilegios especiales: comisiones, viáticos, puestos de confianza y protección, mientras otros policías permanecen expuestos diariamente en las calles.
Y ese es precisamente el punto que debería aclararse.
Porque una corporación de seguridad no puede funcionar bajo rumores, favoritismos o silencios.
Si “El Guacho” fue suspendido, ¿cuál fue el motivo y cuál fue el resultado de la investigación?
Si quedó libre de responsabilidad, ¿quién lo determinó?
Si continúa desempeñando funciones, ¿bajo qué fundamento?
Y si después del atentado necesita protección, ¿por qué esa protección se mantiene mientras continúa teniendo atribuciones dentro de la institución?
No se trata de condenar a nadie desde una columna.
Se trata de exigir respuestas.
Porque si las acusaciones son falsas, que se desmientan.
Si existen denuncias, que se investiguen.
Si hay carpetas, que avancen.
Y si alguien dentro de la corporación está utilizando su cargo para proteger intereses ajenos a la seguridad pública, que se le finquen responsabilidades.
La Policía Estatal necesita credibilidad.
Y la credibilidad no se construye escondiendo los problemas.
Se construye enfrentándolos.
Porque cuando un policía cuestionado termina protegido por policías, la pregunta deja de ser solamente qué ocurrió… y comienza a ser quién está detrás de él.
