Después de más de dos semanas sin apariciones públicas, la gobernadora Maru Campos reapareció este lunes en la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Su ausencia había generado todo tipo de especulaciones, al grado de que figuras de la oposición, como la senadora Andrea Chávez, publicaron videos preguntando abiertamente dónde se encontraba la mandataria.
El regreso vino acompañado de cifras positivas. Se destacó que la Policía Estatal alcanzó una confianza ciudadana del 62.3 por ciento, superior a la media nacional; además, se informó sobre la detención de 82 personas y el decomiso de más de 6 mil vapeadores con un valor cercano a los dos millones de pesos.
Sin embargo, entre los anuncios surgió una pregunta que sigue sin respuesta clara.
Si el aseguramiento de más de 6 mil vapeadores fue presentado como un golpe importante, ¿qué pasó con la persona que transportaba o comercializaba toda esa mercancía? Porque mientras las cifras ocupan los titulares, en la calle la percepción es otra: que el decomiso se presume, pero el responsable sigue caminando tranquilamente por Chihuahua.
Y es ahí donde las autoridades tienen un reto de comunicación y transparencia. Los decomisos son importantes, pero la ciudadanía quiere saber si hubo consecuencias reales para quienes participan en actividades ilícitas. De poco sirve presumir toneladas de evidencia o miles de productos asegurados si nunca queda claro quién fue detenido, bajo qué cargos quedó a disposición de la autoridad o cuál será el proceso judicial.
La reaparición de la gobernadora despejó una duda: sí estaba al frente de los trabajos de seguridad. Pero dejó abierta otra interrogante que para muchos resulta más importante: ¿quién responde por los 6 mil vapeadores decomisados y por qué no vemos resultados contundentes contra los responsables?
Porque al final, más que las cifras, lo que genera confianza son las consecuencias.
