SANTA BÁRBARA, CHIH.— Cuatro años antes de los recientes accidentes que cobraron la vida de trabajadores en este municipio, autoridades estatales y federales ejecutaron una serie de operativos en la región sur del estado que concluyeron con la clausura de al menos 28 tiros de mina dedicados a la extracción irregular de minerales.
La intervención de mayor impacto se registró en septiembre de 2022, cuando fueron cerrados 24 puntos clandestinos que representaban un grave peligro para quienes laboraban en el sitio. Gilberto Loya Chávez, entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, advirtió en su momento sobre las condiciones de alto riesgo en las que se desarrollaba esta actividad entre los municipios de Parral y Santa Bárbara. Como resultado de estos despliegues, siete personas fueron detenidas y se aseguraron explosivos, maquinaria, vehículos y generadores eléctricos; previamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya habían ubicado material explosivo en 12 tiros abiertos de forma ilegal a un costado de la carretera hacia Santa Bárbara.
Los operativos desataron la reacción de los gambusinos, congregando a cerca de 250 manifestantes que exigieron la liberación de los detenidos y la reapertura de las minas, argumentando que las acciones dejaron sin sustento a más de 600 trabajadores. Pese a las protestas, los cierres continuaron el 19 de octubre de 2022 con la clausura de cuatro tiros más en terrenos de Grupo México (dos en Coyotes Minas Nuevas, uno en Los Silos y otro cerca del Rancho Jesús García). Hoy en día, la problemática cobra nueva relevancia luego de que la última semana se registrara la muerte de cinco trabajadores en dos accidentes distintos dentro de tiros de mina en esta misma zona minera.
