El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque extrapoló a 2025 la cifra de un análisis que hizo del periodo de 2009 a 2016 y no de años recientes, ratificó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En la conferencia matutina de ayer, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores explicará con mayor detalle las razones del rechazo al reporte de ese comité, pero adelantó que ese documento presenta un análisis de cuatro entidades de la República de un periodo de la época neoliberal, pero los resultados los extendieron a 2025.
Subrayó que además es una investigación que queda fuera de lo que estipulan los estatutos de esta comisión y de la ONU sobre la caracterización de la desaparición forzada y por ello refutó el documento.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho y no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”, puntualizó la mandataria federal.
El pasado viernes, la Secretaría de Gobernación calificó dicho informe de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, al señalar que omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
La respuesta de la titular del Poder Ejecutivo se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
