El gobierno del presidente Donald Trump impuso ayer nuevas sanciones orientadas contra dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) por sus supuestos vínculos con “redes subversivas marxistas y a prácticas económicas corruptas”, y hacia nueve empresas estatales a las que señaló de “sostener el aparato represivo del régimen”.
Tras el anuncio, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que “los verdugos parecen haber escogido los jueves para hacer públicas sus listas negras con nombres de personas e instituciones, cuyo único delito es servir a Cuba enfrentando el bloqueo genocida”.
Las sanciones anunciadas contra el ICAP apuntaron al presidente del grupo, Fernando González Llort; su primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
González Llort es considerado héroe de Cuba, ya que fue uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos a fines del siglo pasado por efectuar labores de inteligencia en Florida, cuando anticastristas, liderados por Orlando Bosch, impulsaban ataques contra intereses turísticos en la isla.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, acusó al ICAP de patrocinar “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar” a sus ciudadanos.
“La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades –de las que ninguna goza su pueblo– engañando y corrompiendo a ciudadanos estadunidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras fechorías, como parte de la razón de ser del régimen de exportar marxismo, resentimiento racial y violencia comunista por todo el mundo”, agregó.
Operativo contra seguidores de Fidel
En tanto, las sanciones contra el sector de metales, minería y construcción fueron dirigidas contra una empresa de producción de níquel, dos firmas especializadas en la importación de productos industriales pesados, una compañía de recursos minerales, el ministerio de la Construcción de Cuba, una proveeduría de trabajadores locales a entidades extranjeras en la isla y dos importadoras de vehículos, autopartes y materiales de construcción.
La nueva salva de sanciones se produjo después de una operación en el aeropuerto de Miami el fin de semana pasado, en la que varios ciudadanos estadunidenses que regresaban de La Habana tras participar en los actos conmemorativos por el centenario de Fidel Castro fueron detenidos. A algunos les incautaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales para ser inspeccionados, indicaron funcionarios estadunidenses bajo condición de anonimato.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reviró en su cuenta de X que Rubio “continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar la economía e impedir que el gobierno de La Habana garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo.
“En su fracasada obsesión contra Cuba, incorpora ahora a directivos y funcionarios del ICAP, institución que por más de seis décadas ha promovido amistad, solidaridad internacional, justicia y paz, todo lo contrario a lo que el secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta”, aseveró.
Expertos de Naciones Unidas han denunciado que el bloqueo, recrudecido en el segundo mandato de Trump, “es una grave violación del derecho internacional y una seria amenaza al orden internacional democrático y equitativo”, y han expresado su profunda preocupación por sus consecuencias humanitarias entre la población.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossio denunció el “esfuerzo agresivo” de Washington para distorsionar la imagen sobre Cuba “al destinar millones de dólares y reclutar una cantidad no despreciable de académicos o seudointelectuales para tratar de rescribir y reinterpretar la historia” de la nación caribeña.
