Por El Escribiente
RETÉN DEL TERROR
La carretera Chihuahua–Juárez, una de las más transitadas y estratégicas del estado, se ha convertido para muchos viajeros en una ruta de incertidumbre, miedo y denuncias constantes.
Lo que debería ser un punto de vigilancia para combatir la delincuencia es señalado por ciudadanos como un lugar donde presuntamente se cometen abusos, extorsiones y amenazas contra automovilistas.
Las quejas apuntan a un retén ubicado aproximadamente en el kilómetro 100 de la carretera federal, en sentido de Ciudad Juárez hacia Chihuahua.
De acuerdo con múltiples testimonios, el punto de revisión es operado por sujetos encapuchados, portando armas largas y uniformes con las siglas de la Fiscalía General de la República (FGR).
La función oficial de cualquier filtro de seguridad es detectar armas, drogas, personas con órdenes de aprehensión o actividades ilícitas.
Sin embargo, quienes han pasado por este lugar denuncian una realidad muy distinta.
Las versiones coinciden en que los conductores son interrogados sobre su origen, destino y actividades, para posteriormente ser presuntamente intimidados y obligados a entregar cantidades importantes de dinero.
Las cifras denunciadas son alarmantes.
Algunos afectados hablan de extorsiones que van desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos, ya sea en efectivo, mediante transferencias o incluso mediante la entrega de objetos de valor.
Uno de los casos más recientes involucra a un joven originario de Chihuahua capital que viajó a El Paso, Texas, para adquirir ropa para su familia.
Según su relato, al regresar fue interceptado en el mencionado retén.
Ahí, presuntamente fue cuestionado sobre supuestos vínculos con grupos criminales.
Al negar cualquier relación, asegura que recibió amenazas de ser trasladado a un lugar apartado, golpeado e incluso asesinado.
Finalmente, tras ser agredido físicamente y entregar 10 mil pesos en efectivo, fue dejado en libertad para continuar su camino.
La víctima intentó denunciar los hechos al llegar a la caseta de Sacramento, pero asegura que no recibió la atención esperada.
Otro caso ocurrió hace aproximadamente dos semanas.
Un residente de Odessa, Texas, viajaba acompañado de familiares en dos camionetas cuando fueron detenidos en el mismo punto.
De acuerdo con su denuncia, grabó en video parte de la intervención.
Al percatarse de ello, los supuestos agentes le habrían quitado el teléfono celular, propinado una golpiza y despojado de alrededor de 100 mil pesos.
A estas denuncias se suman las de conductores de plataformas de transporte y viajeros frecuentes, quienes afirman ser víctimas recurrentes de revisiones intimidatorias, amenazas y presuntas exigencias económicas.
Lo más preocupante es que las historias comienzan a repetirse con demasiada frecuencia.
Los testimonios coinciden en la ubicación, el modo de operar y la descripción de los individuos participantes.
Incluso algunos denunciantes aseguran que, pese a portar insignias oficiales, varios de los sujetos presentan comportamientos y formas de expresarse que generan sospechas sobre su identidad real.
Por ello, crece el llamado para que autoridades estatales, federales y organismos de derechos humanos realicen una investigación inmediata y transparente.
Porque si se trata de falsos agentes, la gravedad del asunto es extrema.
Y si efectivamente son servidores públicos, la situación sería aún más preocupante.
Mientras las respuestas no llegan, entre transportistas y automovilistas ya circula un nombre que resume el temor que provoca este punto de revisión: “EL RETÉN DEL TERROR “.
La pregunta sigue en el aire: ¿quién vigila a quienes se supone deben proteger a los ciudadanos?
