HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA— Tras una sólida y combativa apelación presentada por la representación social, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Sur consiguió que la Segunda Instancia revocara el auto de vinculación inicial, logrando procesar formalmente a Juan de Dios V. M. por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, Edna Marilú C. L.
El caso, que inicialmente pretendía ser tipificado bajo una figura culposa o imprudencial, dio un giro jurídico este lunes 28 de septiembre tras comprobarse los elementos de género que rodearon el crimen.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la FEM durante el recurso de apelación, el Ministerio Público aportó datos de prueba contundentes que acreditaron la responsabilidad del imputado bajo un contexto de extrema violencia.
Las indagatorias establecieron que el agresor ya registraba antecedentes previos de violencia familiar en contra de la víctima. El ataque mortal ocurrió en febrero de 2026, cuando Juan de Dios V. M. embistió intencionalmente con un vehículo automotor a Edna Marilú en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Praderas, en Hidalgo del Parral, provocándole las lesiones que derivaron en su fallecimiento.
Con la contundencia de los elementos incriminatorios expuestos, la autoridad judicial de segunda instancia dictó el nuevo auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio, cerrando la puerta a la reclasificación imprudencial con la que el presunto agresor buscaba una penalidad menor.
Cabe destacar que este proceso ha estado marcado por la polémica institucional, toda vez que recientemente se giró una orden de aprehensión en contra del juez Manuel Jurado, por su presunta vinculación con el abogado defensor del acusado, a quien hace unos meses le habían modificado las medidas cautelares de manera sospechosa.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
