Por el Escribiente…
Este martes pasado, los directivos de Grupo R-10, encabezados por Ariana Liney Morales Reyes y Rodolfo Lechuga Ramírez, dieron a conocer públicamente el arranque de la construcción de la Torre Sophia, uno más de sus desarrollos de vivienda vertical que han marcado la pauta en Chihuahua.
Ubicada en San Felipe, la torre contará con 11 niveles: dos sótanos, una planta baja y 8 niveles habitacionales, con 125 departamentos que sumarán en total una superficie de construcción de 22 mil 429 metros cuadrados.
En el lugar del proyecto ya puede verse la maquinaria pesada en la etapa inicial y, con avances en los trabajos de terracería, el Grupo R-10 consolida su enfoque en el desarrollo de proyectos inmobiliarios especializados.
Sin meterse en las cuestiones políticas de fondo, con extrema prudencia, Morales y Lechuga hablaron de los retrasos en el proyecto. No lo dijeron abiertamente, pero dejaron en claro que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de la administración municipal, al mando de Adriana Díaz Negrete, ha sido el gran obstáculo para que esos proyectos que tienen grandes beneficios en materia de empleo y crecimiento económico, con orden y sustentabilidad para la ciudad, sean cristalizados de forma adecuada.
Y es que en particular la Torre Sophia, pero igual otros desarrollos de la reconocida firma Grupo R-10, ha tenido que ir contra la corriente oficial bien marcada desde la administración municipal, que inexplicable y sospechosamente bloquea a algunos desarrolladores, mientras privilegia a otros.
Hasta donde sabemos, a pesar de que Grupo R-10 no lo denunció públicamente como quizás debió hacerlo, Díaz Negrete es quien protege ciertos intereses y trabaja más para obstaculizar el desarrollo urbano ordenado de la ciudad, que en impulsarlo.
Prueba de ello es que, sin vergüenza alguna, tras el anuncio de la Torre Sophia, optó por desacreditar el desarollo, hablando sin conocer siquiera -en apariencia- que comenzó no gracias al Gobierno Municipal, sino al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que básicamente amparó a los desarrolladores frente a la incompetencia, indolencia y negligencia de Díaz Negrete.
Así, la funcionaria parece empeñada en opacar el desempeño que tiene Marco Bonilla como alcalde, quien enfrenta muy pocos reclamos o negativos en el sector empresarial, pero con los carga no son producto de su labor o decisiones, sino de ese equipo medio tóxico y algo transa, que muy bien representa la titular de Desarrollo Urbano y Ecología.
La reciente declaración de Rafael Loera, al destacar los buenos resultados de los alcaldes jóvenes en Chihuahua, no es un elogio inocente ni una reflexión generacional espontánea para quedar bien con Marco Bonilla y su antecesora hoy gobernadora, Maru Campos.
Lo dicho por Loera, en la antesala de la definición por la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital, el mensaje se lee con claridad: pide, en representación de muchos panistas, que el relevo generacional no solo sea discurso, sino criterio de selección en este proceso.
La idea de que los perfiles menores de 40 años traen dinamismo, frescura y capacidad de respuesta no es nueva. Es un recurso recurrente en momentos donde los partidos buscan sacudirse desgaste, cuestionamientos o negativos acumulados por los años en el poder.
Por esto, lo interesante es el momento en que se coloca el tema. No es una reflexión académica ni un diagnóstico institucional. Es una declaración política en medio de una competencia interna donde, casualmente, la edad sí marca diferencias entre los aspirantes.
El PAN en Chihuahua enfrenta un dilema clásico: apostar por perfiles con experiencia, estructura y control político o arriesgarse con caras nuevas que conecten mejor con un electorado cada vez más escéptico.
Loera pretende pasar, así, de la conversación pública y de los primeros lugares en las encuestas, a la boleta como candidato del PAN a presidente municipal.
Al poner sobre la mesa la eficacia de los alcaldes jóvenes, introduce un criterio de evaluación que puede beneficiar a unos, como a él mismo, y complicar a otros dentro del mismo PAN.
La jugada parece sutil, porque no menciona nombres, no confronta perfiles, no es agresiva, pero sí agrega un factor a tomar en cuenta ahora, cuando está por definirse quién de los aspirantes panistas representa más y mejor la marca que pretende mantener el poder en Chihuahua.
En este proceso interno del PAN, por cierto, fue de lo más relevante y significativa la reunión de la gobernadora Maru Campos y la dirigente albiazul, Daniela Álvarez, con los aspirantes a la candidatura a presidente municipal.
No fue un encuentro de cortesía, más bien fue otra señal de mando de las que suele enviar la mandataria estatal, quien seguramente no los citó la escucharlos, sino para fijar las reglas de la contienda.
El discurso fue el esperado, hasta donde pudimos enterarnos en Acción en la Noticia. Fue el llamado a la unidad por encima de intereses personales, cero confrontaciones internas, piso parejo y respeto a los tiempos del partido.
Nada que no se haya dicho antes. Pero no es lo que se dice lo relevante aquí, sino cuándo se dice y a quién se le dice.
Después de encuentros previos más selectivos, la ampliación de la mesa no es un gesto menor. Es una corrección de forma y un ajuste de fondo. El mensaje pudo ser, básicamente, para que nadie se sienta fuera, pero tampoco nadie se sienta adelantado. Aunque, para ser francos, cada aspirante entendió lo que quiso de un mensaje que no debería tener tantas explicaciones.
Ahí estuvieron sentados con Maru “Manque” Granados, Santiago de la Peña, César Jáuregui, Rafael Loera Talamantes, Alan Falomir y Alfredo Chávez, todos perfiles diferentes, con trayectorias distintas y diferentes grados de cercanía, tanto con la gobernadora como con los demás factores del poder panista.
Lo único en común que tienen es que están en la fila, formaditos, para un juego que tiene piso parejo, supuestamente, y cuenta con árbitro, en definitiva.
Elección abierta o encuesta. Esa es la disyuntiva que se deja ver, alineada con lo que ocurre a nivel nacional.
Lo que ocurrió en Belisario Domínguez, Santa Isabel y Nonoava no es un hecho aislado, sino parte de una serie de señales del dominio criminal que igual se ha repetido en Gran Morelos, San Francisco de Borja y hasta Guachochi, todo en ese corredor de la muerte donde el gobierno es mera ficción.
La desaparición de tres agentes municipales -incluido el jefe policiaco- en medio de enfrentamientos armados no solo exhibe la violencia que persiste en la región occidente del estado. Expone, con crudeza, la fragilidad con la que operan las policías locales en amplias zonas del territorio.
Los primeros reportes apuntan a una escena que se ha vuelto recurrente: elementos en funciones de vigilancia, superados, detectados y finalmente desaparecidos por grupos armados. Ni margen de reacción ni oportunidad de defenderse les dieron.
El contexto es claro: una disputa abierta entre Los Tigres y La Línea por el control territorial. Pero reducir lo ocurrido a un choque entre grupos criminales es quedarse en la superficie. El fondo es otro: ¿quién manda realmente en esas zonas? No es el Gobierno del Estado, no es la Federación con el Ejército y la Guardia Nacional; mucho menos los alcances, hasta el cuello en acuerdos turbios con criminales regionales o sometidos por la delincuencia.
Eso demuestran las células armadas que pueden desplazarse, detectar, interceptar y privar de la libertad a policías municipales sin enfrentar una respuesta inmediata de las demás corporaciones de seguridad.
Evidentemente, el control no está en manos de la autoridad, en ninguno de sus tres niveles.
Las hipótesis sobre la privación de la libertad de los agentes apuntan a un objetivo claro, el de evitar alertas, obtener información, ejecutar venganzas o neutralizar la presencia institucional. Eso acerca más lo ocurrido a una acción estratégica del crimen que a un hecho fortuito.
Mientras esa debilidad no se atienda de fondo, con recursos, coordinación real y presencia efectiva de las áreas de seguridad, seguramente los episodios se van a repetir, desde Santa Isabel hasta Guachochi, de la misma forma en que otros grandes corredores de Chihuahua, también rendidos al crimen organizado.
