La renuncia forzada de César Jáuregui como fiscal general del Estado no representa el fin del escándalo por la indebida e irregular intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en México, pues esa es la vertiente políticamente obligada para la administración de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván. Ahora viene lo duro, las responsabilidades que pueden ir más allá, hasta los terrenos penales.
Lo comenzó como un operativo anti narco terminó convertido en un episodio incómodo, turbio y peligrosamente opaco: la muerte de dos presuntos agentes de la CIA en territorio chihuahuense, un hecho que ha escalado a los más altos niveles políticos y diplomáticos del país.
A raíz de esto, en terrenos de la Fiscalía General del Estado empieza a sonar con insistencia el nombre de Arturo Zuany Portillo, Fiscal Especial de Operaciones Estratégicas de la FGE y antecesor del fallecido Pedro Oseguera Cervantes, director de Agencia Estatal de Investigación.
Zuany era el que traía la operación contra el narco laboratorio que acabó en escándalo, después de presentarse como el máximo resultado en el combate contra el crimen. Era, además, cercanísimo a Oseguera, quien quedó como jefe de la AEI cuando él pasó a Operaciones Estratégicas.
Por eso, ahora en la FGE han traído a colación que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó el retiro de la visa estadounidense a Zuany Portillo. Un dato que, lejos de apagar el fuego, lo avivó. Porque en política y más en temas de seguridad las visas no se retiran por casualidad. Se retiran cuando hay señales, sospechas o información que alguien, en otro lado de la frontera, decidió tomar en serio.
¿Habría negociado Zuany algún proceso en su contra por parte de Estados Unidos, a cambio de abrirles la puerta de Chihuahua y del país a los de la CIA?
En los pasillos del poder al menos está la sospecha. Se habla de vínculos con agencias estadounidenses, de presiones discretas, de acuerdos bajo la mesa para contener daños. Se mencionan incluso sobornos y negociaciones personales para evitar que la historia escale. Nada de esto está probado, pero todo está circulando. Y en política, lo que circula termina pesando.
El problema no es solo el nombre de Zuany. El problema es el efecto dominó. Porque si una pieza cae, ¿cuántas más se tambalean? Ya hay versiones de m´s renuncias en puerta, de sacrificios calculados para proteger estructuras más grandes. Se habla de una cadena de responsabilidades que podría alcanzar niveles incómodos, incluso truncar aspiraciones políticas que ya se estaban cocinando rumbo a futuras candidaturas.
A las ocho de la mañana de este martes, cuando apenas arrancaba el día político en la capital del país, llegó al Senado de la República un oficio frío, breve y contundente: la gobernadora Maru Campos no iría. Así, sin rodeos. Sin espectáculo. Sin prestarse a lo que, desde días antes, ya olía más a emboscada que a “reunión de trabajo”.
No era reunión de trabajo, en efecto, era una mera trampa que llevaba nombre y apellido: Juan Carlos Loera, el morenista que impulsó el encuentro con el argumento de diálogo institucional, pero en un terreno donde la correlación de fuerzas estaba cantada y cargada. S
En ese escenario, cualquier respuesta de Maru ya tenía destino: ser usada en su contra. Durante días, el ambiente se contaminó de versiones cruzadas. Que sí iba. Que no iba. Que ya estaba confirmada. Que siempre no. Desde el propio Óscar Cantón Zetina hasta el dirigente panista Jorge Romero Herrera alimentaron el ruido. Unos para presionar. Otros para medir el costo político. Pero al final, la decisión fue la de no asistir.
La explicación oficial es la de no comprometer investigaciones en curso, respetar la secrecía ministerial, no interferir con procesos tanto de la Fiscalía estatal como de la federal. Argumentos sólidos, jurídicamente blindados.
Porque lo que se iba a montar en el Senado no era un ejercicio de rendición de cuentas, era un espectáculo. Un circo con pista central en Chihuahua, donde el tema del narcolaboratorio en Morelos, ya de por sí delicado, fue contaminado por la tragedia y, peor aún, por la incómoda y nunca del todo explicada intervención de la CIA.
Si Maru iba, quedaba expuesta. Si no iba, también. Pero hay derrotas que conviene escoger. Y esta fue una de ellas. Al no presentarse, evitó caer en una narrativa diseñada para exhibirla, especialmente después del golpe que significó la salida de César Jáuregui de la Fiscalía estatal, una renuncia que todavía tiene ecos y lecturas encontradas.
Eso sí, la ausencia no salió gratis. El golpeteo fue inmediato. Acusaciones de evasión, de falta de transparencia, de debilidad. Pero también, del otro lado del espectro, los excesos no se quedaron cortos: discursos que rayan en lo absurdo, desde quienes la acusan de “entregar la plaza” a intereses extranjeros, hasta los que aseguran que la propia Claudia Sheinbaum estaría furiosa por un supuesto “narcogobierno” en Chihuahua.
Mientras tanto, la realidad jurídica camina por otro carril. Porque más allá del escándalo, lo que sigue es frío, técnico y probablemente anticlimático: determinar si hubo violaciones legales en la intervención contra el narcolaboratorio, y en su caso, qué tipo de sanciones proceden.
Y aquí viene el baño de agua fría: todo apunta a faltas administrativas, llamados de atención, quizá algún extrañamiento institucional. Nada de juicios espectaculares. Nada de procesos penales contundentes. Mucho menos las fantasías de castigos ejemplares que algunos ya gritan desde la tribuna o las redes.
Porque para hablar de delitos mayores se necesita probar dolo, daño a la nación, traición… y hasta ahora, eso no aparece por ningún lado.
Lo que sí aparece cada vez más claro es otra cosa: una disputa política que encontró en la seguridad un campo fértil para el desgaste. Un caso real, grave, pero inflado hasta convertirse en arma electoral.
En medio de todo este embrollo de proporciones binacionales, el que mostró su alma carroñera fue el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien al parecer no distingue lo mal que se ve casi celebrando la caída del fiscal general, César Jáuregui.
Con publicidad pagada en redes, De la Peña ha estado difundiendo, a pesar de es abierta operación en contra de la administración de su jefa, Maru Campos, que ahora es el que encabeza las encuestas para ser candidato a presidente municipal por el PAN, quitado de la carrera, en apariencia, Jáuregui Moreno, el que iba siempre a la cabeza.
“El tablero político en la capital de Chihuahua se reconfigura y un nombre suena con cada vez más fuerza: Santiago De la Peña Grajeda. El actual secretario general de Gobierno se consolida como el perfil más competitivo y con menor desgaste institucional para la alcaldía”, dicen las “noticias” pagadas por el funcionario estatal en redes sociales.
“Mientras otros cuadros enfrentan el costo político de recientes controversias en materia de seguridad, De la Peña ha sabido capitalizar el momento con una narrativa de eficiencia administrativa y una comunicación estratégica que lo coloca a la cabeza de las preferencias entre los operadores políticos. 📊✨
¿La clave de su ascenso? Menor desgaste frente a otras figuras locales; gestión institucional sólida; presencia constante en los frentes clave de la vida pública”, dicen.
Los panistas no lo bajan de carroñero, con justa razón.
Precisamente entre los panistas, esos que rechazan el perfil de Santiago de la Peña, dicen que ante la eventual salida de la carrera de César Jáuregui, quienes en realidad se fortalecen son el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera y la diputada federal María Angélica “Manque” Granados.
Mientras De la Peña es visto como simple traidor del PRI y arribista convenenciero del PAN, son los perfiles de los panistas legítimos los que surgen con fuerza para abanderar el proyecto albiazul por la capital.
Loera es quien lleva la delantera en las encuestas, sin lugar a dudas alguno, pues básicamente estaba empatado con Jáuregui. Manque, por otra parte, es el perfil ideal si el PAN decide lanzar a una mujer por la alcaldía de Chihuahua.
Así las cosas.
