CHIHUAHUA, CHIH.— Con el firme objetivo de proteger la dignidad de las personas fallecidas y brindar certeza jurídica a sus familias, la legislación estatal fue fortalecida para sancionar de manera severa la retención y el manejo irregular de cadáveres en hospitales, funerarias y crematorios de la entidad.
La diputada Rosana Díaz Reyes recordó que esta iniciativa, impulsada inicialmente desde el 3 de octubre de 2023, busca erradicar prácticas abusivas como la negativa de entrega de cuerpos por adeudos hospitalarios. Con las nuevas disposiciones que reforman el artículo 322 del Código Penal, impedir la entrega de un difunto bajo el pretexto de deudas económicas se castigará con la destitución e inhabilitación de seis meses a dos años, además de multas que van de las 500 a las 2 mil UMA.
Asimismo, se establecen penas de seis meses a tres años de prisión para quienes omitan inhumar o incinerar un cadáver, contemplando la suspensión de actividades de seis meses a dos años para las personas jurídicas responsables cuando el caso involucre a dos o más cuerpos.
El marco legal también robustece la vigilancia sobre los servicios funerarios mediante la implementación de registros digitales de identificación, datos biométricos vinculados directamente al Sistema Nacional de Búsqueda y revisiones mensuales obligatorias. “Ninguna familia debe enfrentar la retención del cuerpo de un ser querido por una deuda. La dignidad humana debe protegerse también después de la muerte”, subrayó la legisladora al destacar que estas herramientas frenan los vacíos de la regulación anterior.
