Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- Con amplio respaldo en el Congreso de la Unión, fue aprobada la reforma al artículo 127 constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, una medida que pretende reordenar el gasto público y eliminar privilegios en el servicio público.
Desde tribuna, la diputada federal Greycy Durán Alarcón, en representación del Partido del Trabajo (PT), defendió el dictamen al señalar que se trata de una decisión histórica para priorizar el bienestar de la mayoría.
“Hoy decidimos de qué lado de la historia queremos estar: del lado de los privilegios de unos cuantos o del lado de la justicia para millones de mexicanas y mexicanos”, expresó durante la sesión.
La reforma fue avalada por unanimidad en lo general con 458 votos, mientras que en lo particular obtuvo 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
Durán Alarcón subrayó que durante años existieron pensiones excesivas que alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales, lo que representaba una carga desproporcionada para las finanzas públicas.
“El gasto en pensiones se ha disparado de manera alarmante.
Ese dinero entregado a unos cuantos podría estar en hospitales, escuelas, seguridad y programas sociales que el pueblo realmente necesita”, afirmó.
Límites y alcances de la reforma
El dictamen establece que ninguna pensión o jubilación dentro del sector público —incluyendo organismos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos— podrá superar la mitad del salario de la titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, prohíbe la creación de esquemas laborales que excedan dicho tope.
La legisladora enfatizó que la reforma no elimina derechos legítimos, sino que corrige abusos históricos:
“Se ha dicho que afecta derechos adquiridos, pero no podemos permitir que la Constitución sea rehén de privilegios injustificados”, sostuvo.
El documento contempla excepciones específicas, como las Fuerzas Armadas, esquemas de ahorro individual y pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales.
Además, se establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo límite —salvo los casos excluidos— y se fija un plazo de 90 días para que el Congreso y las legislaturas estatales armonicen sus marcos legales
Durán Alarcón concluyó que la medida responde al interés público y busca recuperar la equidad en el servicio público:
“Se protege lo legítimo, pero se elimina lo injustificable”.
