Por: Lenin Nelson Rosales Córdova
Ya no sorprende, pero si nos debe ocupar la ola de escándalos por los que atraviesan varias instituciones que antes gozaban de cierto prestigio y que ahora su credibilidad esta por los suelos.
La pasada administración federal que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a desmantelar instituciones que garantizaban cierto equilibrio en el poder, su argumento fue el combate a la corrupción y acabar con el gobierno “neoliberal” que tanto daño le había causado a nuestro país. Así, poco a poco fue colocando en puestos clave a funcionarios alineados a su discurso de austeridad y de bienestar, presentándolos como verdaderos próceres de la patria, vacunados contra todo acto de corrupción y con los que garantizaría el buen gobierno en beneficio del pueblo.
Pero la realidad está desmantelando ese discurso, hoy se vive una crisis en la credibilidad de varias instituciones y el caso más reciente es lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Aquí es donde la ciudadanía debe poner puntual atención y cuestionar, ya que mientras el país esta pasando por una severa crisis social, quienes deberían garantizar el bien común están inmersos en escándalos de corrupción y nepotismo.
Recordemos que desde que Morena llegó al poder en 2018, el país ha sido testigo de controversias, denuncias y señalamientos de presunta corrupción que han puesto en entredicho el discurso de honestidad que el movimiento enarboló para conquistar el respaldo popular. Cada caso debe investigarse con seriedad, sin encubrimientos ni condenas anticipadas, pero tampoco puede despacharse con explicaciones superficiales o con el argumento de que todo forma parte de una campaña contra el gobierno.
La honestidad no se demuestra con discursos, conferencias ni campañas publicitarias. Se demuestra con resultados, transparencia y rendición de cuentas. Cuando las promesas chocan constantemente con la realidad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y a cuestionar a quienes ocupan los cargos públicos.
Mientras tanto, los problemas que afectan diariamente a millones de mexicanos siguen presentes. La inseguridad golpea a comunidades enteras, las familias enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos dignos, los hospitales padecen carencias y miles de personas salen a las calles para reclamar atención a sus necesidades. En distintas regiones del país, la población exige agua, vivienda, mejores escuelas, empleo y condiciones de vida que le permitan vivir con dignidad.
Frente a esta realidad, resulta indignante que desde el poder se pretenda minimizar los problemas o presentar un panorama en el que todo marcha bien. Ningún discurso puede sustituir los medicamentos que faltan en un hospital, devolver la tranquilidad a una familia afectada por la violencia o resolver las necesidades de una comunidad abandonada.
Un gobierno verdaderamente comprometido con el pueblo debería reconocer sus errores, escuchar las demandas sociales y corregir el rumbo. Negar los problemas no los desaparece; ocultarlos o restarles importancia únicamente profundiza el descontento y agrava la distancia entre las autoridades y la sociedad.
Pero sería un error pensar que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes gobiernan. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo los ciudadanos ante esta situación. ¿Vamos a permanecer como espectadores mientras se deteriora la confianza en las instituciones? ¿Seguiremos aceptando que las decisiones fundamentales del país se tomen sin una participación social consciente, organizada y permanente?
México necesita una ciudadanía que vaya más allá de la inconformidad momentánea, necesita hombres y mujeres dispuestos a informarse, debatir, organizarse y participar en la vida pública. Una sociedad que comprenda que la política no es asunto exclusivo de funcionarios, dirigentes partidistas o grupos de poder, sino una actividad que influye directamente en el salario, la educación, la salud, la seguridad y las oportunidades de cada familia.
Es indispensable construir una verdadera vanguardia ciudadana y popular, capaz de analizar los problemas nacionales, defender las instituciones democráticas y exigir soluciones concretas. Se necesita formar una fuerza social consciente y organizada, que coloque las necesidades de la mayoría por encima de los intereses particulares, como lo ha planteado el Movimiento Antorchista desde su fundación.
Los mexicanos no somos ajenos a los problemas nacionales. Lo que sucede en las instituciones también afecta nuestro presente y puede comprometer nuestro futuro. Por eso, no basta con indignarse frente a las noticias ni con repetir que las cosas están mal. Es necesario transformar la inconformidad en participación organizada, la preocupación en conciencia y la conciencia en exigencia colectiva.
El país no necesita más discursos que prometan una realidad distinta a la que vive la gente. Necesita instituciones que respondan a la ciudadanía, gobiernos que rindan cuentas y un pueblo organizado dispuesto a defender sus derechos.
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