Chihuahua, Chih.— ¡La justicia les llegó con una condena de 25 años de prisión! Cuatro hombres fueron sentenciados por el delito de homicidio calificado, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad penal en el asesinato de un masculino ocurrido a balazos en la colonia Real de Minas, en la ciudad de Chihuahua.
Los condenados, identificados como Daniel Alberto O. O., Eduardo Isidoro M. M., Manuel Alejandro F. C. y Ángel Dwayne G. Q., recibieron la sentencia tras enfrentar un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar su participación en el crimen.
De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2024, cuando los cuatro sujetos llegaron a un domicilio ubicado en la calle Mina de Loreto, en la colonia Real de Minas, y abrieron fuego con armas calibre 9 milímetros contra la víctima, identificada con las iniciales C.R.M.B., quien perdió la vida en el lugar.
Tras el ataque, los presuntos responsables emprendieron la huida a bordo de dos vehículos; sin embargo, el escape no les duró demasiado, pues fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Policía Municipal, quienes los encontraron en posesión de las armas de fuego utilizadas en el homicidio.
El caso avanzó hasta el Juicio Oral 204/2025, donde agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, lograron acreditar la responsabilidad penal de los acusados ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Luego de permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante el proceso, los cuatro hombres conocieron la resolución judicial el jueves 22 de octubre de 2026: 25 años de cárcel para cada uno, además del pago conjunto o en los términos que establezca la resolución judicial por concepto de reparación del daño, por un monto de 549 mil 364 pesos con 20 centavos.
Así, el homicidio cometido en Real de Minas terminó con cuatro sentenciados y una condena que los mantendrá tras las rejas durante décadas, mientras la resolución judicial establece también la obligación económica para reparar el daño causado a las víctimas indirectas.
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