–Buscan impedir que recursos o estructuras delictivas definan resultados electorales; “Chihuahua no puede repetir escenarios como Sinaloa”, advierten
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local y la dirigencia estatal del partido dieron a conocer una iniciativa de reforma constitucional con la que pretenden establecer la nulidad de cualquier elección en la que se acrediten vínculos o financiamiento provenientes del crimen organizado hacia candidatas o candidatos.
La propuesta fue presentada por el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, junto con la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, quienes señalaron que la medida aplicaría para todos los cargos de elección popular, desde regidores hasta la gubernatura.
“Aun tratándose del cargo más modesto o del propio gobernador, la intención es que ninguna autoridad llegue al poder con respaldo del crimen”, sostuvo el legislador.
De acuerdo con Chávez Madrid, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de protección institucional en Chihuahua y evitar que se reproduzcan episodios como los registrados en Sinaloa, donde —afirmó— la delincuencia organizada tuvo una injerencia directa en los procesos electorales.
El diputado recordó los acontecimientos ocurridos durante las elecciones sinaloenses de 2021, cuando se denunciaron privaciones ilegales de la libertad y presiones contra actores políticos opositores al hoy gobernador Rubén Rocha Moya.
“Esta propuesta surge de una exigencia de los chihuahuenses que no quieren ver una elección como la de Sinaloa, donde el crimen influyó en la definición de candidaturas y operó políticamente a favor de Morena durante la jornada electoral”, expresó.
Por su parte, Daniela Álvarez destacó que la reforma responde a una demanda ciudadana encaminada a preservar el Estado de Derecho y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, al tiempo que colocaría a Chihuahua entre las entidades con mayores candados contra la infiltración del crimen en la vida pública.
Los dirigentes panistas reconocieron que, al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requerirá una mayoría calificada de 22 votos de los 33 integrantes del Congreso del Estado, por lo que será indispensable construir acuerdos con legisladores de otras fuerzas políticas para lograr su aprobación.
