Chihuahua, Chih.– Conductores de plataformas digitales exhibieron una serie de presuntos actos de abuso de autoridad y extorsión atribuibles a elementos de la Guardia Nacional, quienes —de acuerdo con múltiples testimonios— estarían exigiendo pagos que oscilan entre los 7 y 10 mil pesos para evitar la aplicación de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 58 mil pesos.
Los afectados aseguran que, bajo el argumento de operativos de inspección, los agentes federales retienen vehículos y presionan a los conductores para entregar dinero en efectivo, situación que califican como un “esquema de cobro ilegal encubierto en revisiones oficiales”.
Uno de los casos documentados ocurrió el pasado domingo 5 de abril de 2026, alrededor de las 10:00 horas, cuando un operador se dirigía a brindar un servicio hacia la carretera que conduce al aeropuerto, a la altura del kilómetro 0+400.
Según su relato, tras recoger a una pasajera en la lateral de La Valle, fue interceptado por una patrulla que circulaba en sentido contrario y que maniobró para cerrarle el paso.
“En cuestión de minutos arribaron al menos otras dos unidades, Nos obligaron a descender del vehículo y uno de los elementos me solicitó el teléfono celular, argumentando que verificaría el servicio en la aplicación de Uber”, narró el denunciante.
El conductor señaló además que los agentes comenzaron a elaborar un informe con datos presuntamente falsos, asentando que la detención se había realizado dentro de la zona aeroportuaria.
Ante ello, exigió la devolución de su dispositivo y se negó a firmar la boleta inicial. Posteriormente —asegura— los oficiales modificaron la información en un segundo documento, cambiando la ubicación de los hechos, mientras él y su pasajera eran objeto de intimidación.
Los testimonios recabados también apuntan a una aparente incongruencia en el actuar de los elementos, quienes, fuera de servicio, hacen uso cotidiano de aplicaciones de transporte como Uber y Didi sin restricción alguna.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha fijado una postura oficial respecto a estas acusaciones.
En tanto, los conductores afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que se inicie una investigación formal que permita esclarecer los hechos y frenar posibles actos de corrupción que vulneran su actividad laboral.
