Ciudad Juárez, Chih.— A más de tres años del fatídico incendio en la estación migratoria que se cobró la vida de 40 extranjeros, la justicia está en un punto de quiebre. Un juez federal revisa este martes si el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, cumplió realmente con los requisitos pactados para librar el proceso penal en su contra.
La audiencia arrancó a las 9:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal bajo la causa 237/2023. En enero de 2025, Garduño logró la suspensión condicional del proceso con la promesa de cumplir ciertas condiciones: pago de indemnizaciones, capacitaciones en derechos humanos, supervisión en estaciones migratorias y una disculpa pública.
Sin embargo, las víctimas y sus defensores afirman que no ha cumplido. Gabriela Romero, abogada de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) —que representa a 10 sobrevivientes y a 9 familias de fallecidos—, cuestionó fuertemente el actuar del exfuncionario. Entre las irregularidades señalan que la disculpa pública la realizó en la Ciudad de México y no en Juárez como exigían los afectados, además de que hay sobrevivientes que siguen sin recibir atención médica adecuada.
Mientras la audiencia se realiza a puerta cerrada, en el exterior del Poder Judicial ciudadanos, organizaciones y migrantes se concentraron para exigir que no haya una “justicia selectiva” ni impunidad. El juez tiene tres caminos: dar por terminado el caso y perdonarlo, otorgarle más tiempo o revocar la suspensión y mandarlo a juicio oral.
