En un estado con sequías repetitivas y mantos acuíferos sobrexplotados, un puñado de empresas, así como la familia LeBarón y la comunidad menonita, concentran las concesiones de agua para uso agroindustrial, mientras la mayoría de los hogares rurales no cuentan con líquido potable.
Tan sólo en la cuenca del río Conchos, más de 68 mil personas de 31 municipios carecen de agua, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citados por Martín Solís Bustamante, ex líder de El Barzón. Es el afluente de la cuenca binacional del río Bravo y tiene su origen en la parte más pobre del estado, la sierra Tarahumara.
La sobrexplotación de acuíferos en Ciudad Juárez y Texas podría, añade, representar un conflicto binacional al no existir un acuerdo por el agua subterránea en acuíferos compartidos.
A la escasez de agua en la frontera se suman presiones económicas y políticas desde el país vecino. El profesor de la Universidad de Texas y colaborador de La Jornada Willivaldo Delgadillo refiere que la construcción de un megacentro de datos en Sunland Park, Nuevo México, Estados Unidos, que requeriría de un alto uso de líquido para el enfriamiento de sus sistemas, también ha generado oposición ciudadana en Ciudad Juárez.
“Ha sido una lucha y una resistencia binacional, porque el proyecto consumirá el agua regional y se ha dado un proceso de las autoridades para darle legitimidad política y lograr la autorización de la ciudad. Hay toda una campaña y, en una audiencia en el cabildo de Nuevo México, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar –de extracción morenista– envió a representantes para que hablaran a nombre del municipio apoyando la creación del centro de datos”, refiere.
Mientras tanto, Solís Bustamante sostiene que el acaparamiento de concesiones de extracción es un problema para la entidad, sobre todo porque se saca agua en un volumen 10 veces superior a la capacidad de recarga de los acuíferos, y ello explica que, ahora, los pozos estén a más de 600 metros de profundidad.
Se trata de un problema que se extiende al consumo de electricidad. Detalla que para extraer agua a 100 metros se requiere una bomba de 100 caballos de fuerza (hp). Y cada hp implica un consumo de 74 kilovatios-hora (kWh), así que un motor para un pozo de 600 metros implica una carga de 420 kWh.
Como parte del Presupuesto de Egresos, cada año se tiene contemplado un subsidio de 16 mil millones de pesos para energía eléctrica de uso agrícola en todo el país mediante el Programa Especial de Energía para Uso Agrícola (PEUA), y de ese monto, 4 mil millones de pesos se destinan a los usuarios locales.
En una década, de 2013 a 2023, el consumo histórico de energía en el sector agrícola para el bombeo de agua en Chihuahua pasó de 2 millones 560 mil megavatios-hora (MWh) a 4 millones 743 mil MWh, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Si la CFE tiene una capacidad instalada para motores de 100 hp, entonces hay problemas de suministro. Se registran de cuatro a cinco apagones al año en las zonas agrícolas y los productores culpan a la CFE”, agrega.
La cuota energética que se otorga a cada usuario es independiente del volumen de agua concesionada, lo que permite extraer más agua de la permitida y contribuye a la sobrexplotación de los mantos acuíferos. “El subsidio se calcula en la capacidad del motor; esto es, a más consumo, mayor es el subsidio anual”, refiere.
En Chihuahua existe un registro ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 20 mil pozos, pero hay un cálculo extraoficial de 6 mil más que son piratas, informa también el ex diputado federal y líder social Víctor Quintana Silveyra.
Señala que el volumen de extracción de agua subterránea autorizado en la entidad es de 3 mil millones de metros cúbicos al año, cifra equivalente a la capacidad de la presa La Boquilla, la más grande a nivel local, pero “el robo del agua es otro tanto igual”.
Manzanas, nueces, algodón…
En diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales para terminar con el acaparamiento, prohibir la transferencia de derechos y fijar un periodo de seis meses para presentar un programa de ordenamiento de constancias de libre alumbramiento, plazo que ya venció.
