Detenido en el Cereso de Nuevo Casas Grandes; afectados reclaman justicia por más de 13 millones de pesos
Pedro Muñoz Chávez, personaje que durante años se movió en círculos cercanos al poder municipal y estatal, permanece recluido en el Cereso de Nuevo Casas Grandes, mientras enfrenta procesos por presuntos delitos de fraude denunciados por integrantes de las comunidades menonita y LeBarón, quienes aseguran haber sido víctimas de un esquema que les habría provocado pérdidas por más de 13 millones de pesos.
De acuerdo con las denuncias de los afectados, Muñoz Chávez les ofreció gestionar permisos para la instalación de estaciones de servicio, asegurándoles que existía un supuesto programa coordinado entre autoridades estatales y federales para facilitar dichos proyectos.
Las víctimas sostienen que, aprovechando su cercanía con funcionarios de alto nivel, el hoy detenido les hacía creer que contaba con respaldo gubernamental para concretar las autorizaciones necesarias, por lo que accedieron a entregar millonarias cantidades de dinero.
Sin embargo, meses después descubrieron que, según afirman, no existían trámites iniciados ante las dependencias competentes y que el proyecto nunca avanzó, por lo que presentaron las denuncias correspondientes.
Los afectados también aseguran que, al reclamar la devolución de su dinero, recibieron amenazas y advertencias sobre las supuestas influencias políticas de Muñoz Chávez. Asimismo, han señalado públicamente una presunta red de protección desde distintos niveles de gobierno, acusaciones que hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente.
De igual forma, denunciantes sostienen que el acusado habría continuado recibiendo respaldo institucional y que incluso conservaría beneficios y un trato preferencial dentro del centro penitenciario, además de asegurar que existirían maniobras legales para obtener su liberación en los próximos meses. Estas versiones no han sido corroboradas por las autoridades.
Los denunciantes también han señalado que dentro de las investigaciones existirían referencias a funcionarios estatales y municipales; sin embargo, hasta ahora no se ha informado públicamente sobre citatorios o comparecencias de servidores públicos relacionados con el caso.
Hasta el momento, ni la administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos ni el gobierno municipal de Chihuahua, donde aseguraba tener todas sus influencias, han emitido una postura pública sobre los señalamientos formulados por los denunciantes.
Mientras tanto, las comunidades afectadas exigen el esclarecimiento total del caso y la recuperación de los recursos que aseguran les fueron arrebatados mediante engaños.
