Ciudad de México.– En respuesta a la creciente ola de cierres repentinos de empresas maquiladoras que han dejado a miles de trabajadores en la incertidumbre, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular la salida, traslado o clausura de centros de trabajo del sector manufacturero y de exportación.
La propuesta surge en medio de un escenario crítico, particularmente en la frontera norte del país, donde el cierre de plantas ha evidenciado vacíos legales que permiten a corporativos retirarse sin cumplir con sus obligaciones laborales, dejando a empleados sin liquidación ni respaldo económico.
“Estamos viendo cómo empresas abandonan el país sin dar la cara, dejando en el desamparo a trabajadores con años de servicio.
Eso no puede seguir ocurriendo en México”, advirtió la legisladora durante la presentación de la iniciativa en tribuna.
El planteamiento cobra relevancia tras casos recientes como el colapso de operaciones vinculadas a First Brands Group en Ciudad Juárez, situación que dejó a cientos de familias sin sustento tras la bancarrota del corporativo en Estados Unidos.
A este panorama se suman más de 17 plantas maquiladoras cerradas en lo que va del año, con un impacto superior a 9 mil trabajadores afectados, además de una pérdida acumulada de aproximadamente 65 mil empleos en la ciudad desde 2023.
La iniciativa contempla medidas contundentes, entre ellas la obligación de las empresas de notificar con al menos 90 días de anticipación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a su plantilla laboral cualquier cierre, suspensión definitiva o reubicación.
De incumplirse este requisito, se presumirá un despido injustificado colectivo, con sanciones que podrían alcanzar hasta 70 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, se propone la creación de un fondo obligatorio para indemnizaciones, el cual deberá establecerse en los contratos colectivos y garantizar el pago de prestaciones y liquidaciones en caso de cierre.
Este mecanismo busca evitar que las empresas evadan responsabilidades mediante quiebras simuladas o retiros estratégicos.
El proyecto también endurece las sanciones contra prácticas fraudulentas, incluyendo la simulación o traslado de activos para eludir obligaciones, conductas que podrían derivar en responsabilidades penales conforme al Código Penal Federal.
Desde tribuna, Aguilar Gil enfatizó que el objetivo central de la reforma es blindar a las familias trabajadoras ante decisiones empresariales que hoy, sin regulación efectiva, pueden dejarlas sin ingreso de un día para otro.
“La dignidad de las personas trabajadoras debe estar por encima de cualquier interés corporativo.
Esta reforma es para que nunca más se repita una historia de abandono laboral en México”, puntualizó.
