JUÁREZ, CHIH.— Lo que inicialmente se reportó y manejó de manera preliminar como un violento secuestro y un enfrentamiento entre plagiarios en el norponiente de la ciudad, dio un giro total tras las indagatorias ministeriales. La Fiscalía Zona Norte confirmó que los hechos violentos registrados en el Infonavit Casas Grandes derivaron de un conflicto interno entre presuntos narcomenudistas por la falta de pago de sustancias ilícitas.
De acuerdo con la información recabada por un mando de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el caso comenzó a desentrañarse a raíz de una serie de contradicciones en las declaraciones de los involucrados, revelando una puesta en escena para encubrir actividades delictivas.
Todo el entramado se puso en marcha cuando uno de los implicados arribó herido de bala a las instalaciones de la estación Universidad de la Policía Municipal, asegurando que había sido víctima de un asalto armado al exterior de un domicilio.
Al atender el reporte en una finca ubicada en el cruce de las calles Francisco Javier Alegre y Pedro Meoqui, en el Infonavit Casas Grandes, los uniformados localizaron a un hombre sin vida, a otro individuo herido por proyectil de arma de fuego y a una mujer atada que gritaba pidiendo auxilio, afirmando haber sido secuestrada.
En total, las autoridades mantienen bajo investigación a tres hombres lesionados de bala —incluyendo al que llegó a la estación policial y a otro que ingresó por sus medios a un hospital del Seguro Social—, además de la mujer que fingió el plagio.
Las investigaciones ministeriales establecieron que tanto el fallecido como los tres heridos y la mujer son vecinos del sector y forman parte de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas al menudeo.
El tiroteo se originó tras una fuerte discusión debido a que la mujer y su pareja sentimental —uno de los baleados— mantenían un adeudo económico por la compra-venta de estupefacientes con otro de los integrantes del grupo, lo que desató la riña mortal y el despliegue de las corporaciones de seguridad. Las autoridades continúan con las indagatorias para deslindar responsabilidades y definir la situación jurídica de los implicados.
