Por: Lenin Nelson Rosales Córdova
El Paquete Económico 2027 llegó al Congreso de la Unión con una cifra que impresiona por su tamaño: un gasto neto superior a los 10 billones de pesos. Pero detrás de los billones, porcentajes y discursos sobre responsabilidad financiera existe una pregunta mucho más sencilla que debería hacerse cualquier ciudadano: ¿en qué se va a gastar nuestro dinero y qué recibirá a cambio la población? La Secretaría de Hacienda plantea reducir gradualmente el déficit y mantener una política de disciplina fiscal, pero también reconoce que la deuda pública llegará en 2027 a alrededor de 55% del PIB.
El problema no es únicamente cuánto dinero habrá, sino las prioridades que se establecen. El propio Gobierno federal sostiene que el presupuesto aumentará en educación, salud, ciencia, seguridad y campo. Sin embargo, cuando se observa el conjunto de la inversión pública aparece una contradicción importante: el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que la inversión pública total propuesta para 2027 disminuiría 12.3% en términos reales respecto de lo aprobado para 2026. Al mismo tiempo, 83.4% de los proyectos prioritarios de inversión se concentra en Pemex, nuevos trenes y CFE.
Aquí aparece uno de los grandes pendientes que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador y que el actual gobierno continúa financiando. El Tren Maya, el desarrollo ferroviario, los proyectos energéticos y las necesidades financieras de Pemex no desaparecieron con el cambio de administración; por el contrario, siguen formando parte de las obligaciones presupuestales. No se trata de negar que las obras públicas puedan ser necesarias, sino de preguntar cuánto dinero se seguirá destinando a proyectos concebidos durante el sexenio anterior mientras existen comunidades que todavía esperan agua potable, hospitales, carreteras, escuelas y servicios básicos.
La propia documentación hacendaria muestra que la presión financiera no es imaginaria. El Gobierno federal contempla para 2027 un nivel de 55% del PIB de deuda pública, mientras mantiene apoyos financieros a Pemex. La discusión, entonces, no puede reducirse a decir que no habrá nuevos impuestos. También debe preguntarse cuánto espacio queda para atender nuevas necesidades sociales después de pagar deuda, pensiones, obligaciones financieras y compromisos de proyectos multianuales.
Hay rubros donde la preocupación resulta todavía más evidente. El Anexo Transversal de Cambio Climático pasaría de 212 mil 569.7 millones de pesos aprobados en 2026 a 160 mil 120.9 millones propuestos para 2027, una reducción nominal de 24.7%. En un país que enfrenta sequías, escasez de agua, incendios forestales, contaminación y fenómenos meteorológicos cada vez más severos, reducir recursos destinados a enfrentar el cambio climático merece una discusión seria.
Y Chihuahua tiene razones particulares para mirar con preocupación este presupuesto. Uno de los ejemplos más claros es el hospital del ISSSTE que durante años ha sido solicitado para la entidad y que, de acuerdo con la información publicada tras conocerse el proyecto federal, no aparece contemplado para 2027.
Chihuahua conoce demasiado bien lo que significa quedar atrapado en una disputa política entre gobiernos. El enfrentamiento entre la administración estatal y la Federación puede producir discursos, acusaciones y señalamientos, pero ninguno de ellos arregla una calle, construye una escuela, lleva agua a una colonia o atiende a un enfermo. El ciudadano no vota para que sus autoridades se peleen; las elige para que resuelvan sus problemas.
Cuando el Gobierno federal y el estatal utilizan los recursos públicos como parte de una disputa política, quienes terminan pagando las consecuencias son los mismos de siempre: las familias que necesitan servicios, los pequeños productores que requieren infraestructura, los jóvenes que buscan estudiar, los trabajadores que necesitan hospitales y las comunidades que esperan carreteras dignas. Chihuahua no puede convertirse en rehén de diferencias políticas.
Por eso el debate sobre el presupuesto debe salir de las oficinas gubernamentales y llegar a las calles. Cada peso público tiene detrás el trabajo de millones de mexicanos que pagan impuestos directa o indirectamente. El presupuesto no es dinero del gobierno: es dinero del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a saber por qué se priorizan determinadas obras, cuánto costarán durante los próximos años y qué necesidades quedarán esperando.
El Paquete Económico 2027 todavía es un proyecto en discusión, no un presupuesto definitivamente aprobado. Precisamente por eso existe una oportunidad para exigir que los diputados revisen las prioridades y modifiquen lo necesario. México necesita inversión que genere empleo, infraestructura que eleve la productividad, hospitales que atiendan a la gente, escuelas dignas, agua, seguridad y apoyo real al campo. Las grandes obras pueden esperar una justificación; las necesidades básicas de millones de mexicanos, no.
Porque al final, detrás de cada cifra presupuestal hay una vida concreta. Y cuando el dinero público no alcanza para todo, la pregunta fundamental no es cuánto se puede gastar, sino a quién se decide atender primero. Esa es la verdadera discusión que debería ocupar al Congreso y a todos los mexicanos.
