Cuando las autoridades chilenas firmaron una autorización para un cable submarino de 19.300 kilómetros que conectaría al país con Hong Kong, estaban entusiasmadas. Afirmaron que el proyecto chino impulsaría la conectividad nacional e incluso llegaría a la remota Isla de Pascua de Chile.
Pero el ánimo cambió de manera abrupta más tarde ese mismo día de enero, después de que un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Santiago se reuniera con Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Según Petersen, el funcionario estadounidense advirtió que el proyecto podría aumentar el riesgo de ciberataques chinos y que, si Chile seguía adelante, Estados Unidos impondría una prohibición de viaje no solo a los funcionarios involucrados, sino también a sus cónyuges e hijos.
En toda América Latina, el gobierno de Donald Trump ha desplegado tácticas agresivas para reforzar su control sobre la región. Entre ellas se incluyen aranceles paralizantes y sanciones económicas, ataques a decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, la intromisión en elecciones extranjeras, y la captura del presidente de una nación en su propia capital.
Pero una de sus herramientas más ágiles y precisas es también profundamente personal: la visa estadounidense.
La reunión en Chile duró apenas seis minutos, dijo Petersen. Pero eso fue suficiente para persuadir a su gobierno de suspender el proyecto.
Claudio Araya, quien en ese entonces era el subsecretario de Telecomunicaciones de Chile dijo este mes que básicamente se trató de una amenaza.
