Por el Escribiente :
La irrupción del fentanilo como droga cada vez más presente en la capital no sólo encendió alertas sanitarias y de seguridad: ya dejó también sus primeras víctimas dentro de las propias corporaciones.
En septiembre del año pasado, durante un cateo en la colonia Junta de los Ríos, dos agentes estatales —uno de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otro del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Narcomenudeo— terminaron hospitalizados tras exponerse directamente al potente opioide sintético.
Las consecuencias fueron inmediatas.
Uno de ellos incluso tuvo que ser ingresado a terapia intensiva por insuficiencia respiratoria.
Un episodio que, más allá del caso aislado, dejó al descubierto el nivel de riesgo que implica manipular esta sustancia sin los protocolos adecuados.
A partir de entonces, y ante la posibilidad de que el consumo local crezca —en un contexto donde México y Estados Unidos han endurecido los controles para frenar su paso hacia el mayor mercado mundial—, las corporaciones comenzaron a moverse.
La Policía Municipal, por ejemplo, reforzó la capacitación de sus elementos para el manejo seguro del fentanilo. No es menor: en la calle, el contacto puede ser accidental y las consecuencias, inmediatas.
Al interior de la corporación se habla de al menos medio centenar de agentes que ya cuentan con preparación específica para enfrentar este tipo de riesgos.
Una previsión que, hasta hace poco, parecía lejana para una droga que rara vez aparecía en el ámbito local.
Pero el escenario empieza a cambiar.
Los primeros casos mortales por sobredosis han encendido focos rojos y alimentan la sospecha de que su consumo comienza a expandirse.
En ese contexto, esta misma semana el alcalde Marco Bonilla y el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, dieron el banderazo a nuevos binomios caninos del grupo K-9, entrenados específicamente para la detección segura de fentanilo.
Los perros han sido preparados durante semanas para integrarse a un equipo que ya ronda los 30 elementos, de los cuales al menos una decena podrá desplegarse en distintos puntos de la ciudad con esta nueva especialización
No es un detalle menor.
Los binomios caninos han ganado terreno dentro de la estrategia operativa: no sólo detectan narcóticos, también fortalecen tareas de proximidad social y prevención.
Pero en esta ocasión, su papel cobra una dimensión distinta.
Porque el fentanilo no es una droga más.
Es una sustancia que mata en dosis mínimas, que puede afectar incluso por exposición accidental y que obliga a replantear la forma en que las corporaciones enfrentan el narcomenudeo.
La calle ya no es la misma. Y los riesgos, tampoco.
Pedro Torres, diputado local de la 4T, volvió a tropezar… pero no con los hechos, sino con la boca, con la lengua que siempre trae de fuera.
Desde la tribuna del Congreso del Estado lanzó comentarios burlones —tan innecesarios como desafortunados— sobre la forma de vestir de los productores del campo y de quienes portan con orgullo la indumentaria vaquera. Un desliz que, en política, no es menor: revela desconexión.
La respuesta no tardó.
El coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, le puso un alto en seco.
Le recordó algo básico, pero que al parecer Torres olvidó: el sombrero vaquero no es un accesorio de caricatura, es herramienta de trabajo.
Es protección contra el sol, es identidad, es orgullo.
Y, sobre todo, es símbolo de quienes hacen producir la tierra a base de esfuerzo.
Ahí, en ese cruce, a Torres le volvió a salir esa vena que de vez en cuando lo traiciona: la descalificación fácil, el comentario ligero que termina pesando más de la cuenta.
Mala combinación para quien ocupa una tribuna pública.
Porque una cosa es la confrontación política —válida, incluso necesaria— y otra muy distinta es caer en la burla hacia formas de vida que representan a miles de chihuahuenses.
El problema no es sólo el desliz, sino la ruta.
Si no corrige, no sólo se desgasta él: arrastra también la narrativa de la marca política que representa.
Y en tiempos donde cada palabra cuenta, perderse en la burla es, simple y llanamente, perder el rumbo.
En el Congreso del Estado se volvió a poner sobre la mesa un tema que, en el discurso, nadie discute, pero en la práctica sigue quedando a deber: la igualdad entre hombres y mujeres.
La diputada panista Joss Vega presentó una iniciativa para reformar la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua con un objetivo claro: reforzar —ahora sí de manera obligatoria y expresa— la incorporación de la perspectiva de género en todas las etapas de las políticas públicas.
No es un tema menor.
La propuesta busca que la igualdad no se quede como una buena intención en el papel, sino que atraviese todo el proceso gubernamental: desde cómo se planea, hasta cómo se ejecuta, se mide y se evalúa cada programa.
En términos técnicos, podría parecer un ajuste fino. En términos políticos, es otra cosa.
Porque lo que está en juego no es sólo una redacción más precisa de la ley, sino la posibilidad de cerrar la brecha entre el discurso institucional y la realidad cotidiana.
La propia legisladora albiazul lo plantea así: no se trata de inventar un principio nuevo, sino de fortalecer uno que ya existe, alineándolo con estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva.
Y ahí está el punto clave. México —y Chihuahua no es la excepción— está lleno de marcos normativos que suenan bien, que cumplen con los requisitos internacionales y que, en teoría, garantizan derechos.
El problema es que muchas veces se quedan en eso: en teoría.
Por eso, esta iniciativa abre una discusión más profunda: ¿sirve de algo reforzar la ley si no hay mecanismos reales para obligar a su cumplimiento?
De aprobarse, las autoridades estatales y municipales tendrían que armonizar sus instrumentos de planeación bajo este enfoque.
Es decir, no habría pretexto para ignorar la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas.
En los límites de Chihuahua y Sinaloa, en pleno Triángulo Dorado de las Drogas, la realidad volvió a superar cualquier relato en esta semana.
El lunes, una avioneta fue derribada a balazos en una zona dominada por el crimen organizado.
A bordo viajaban un empresario minero inglés, dos geólogos estadounidenses y un piloto chihuahuense.
Lograron aterrizar de emergencia. Milagrosamente, sobrevivieron.
Pero el peligro no terminó ahí. Ya en tierra, la aeronave fue nuevamente atacada, esta vez con explosivos, hasta quedar reducida a cenizas.
Un mensaje claro, brutal, que no deja espacio a interpretaciones: en esa región, el control territorial se impone a sangre y fuego.
El incidente ocurrió en una franja que disputan sin tregua dos grupos criminales: el encabezado por Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”, con respaldo de facciones de “Los Mayos” y el Nuevo Cártel de Juárez; y el de Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, representante de lo que queda de “Los Chapos”.
Es una guerra que no es nueva, pero que sigue escalando.
Lo ocurrido el lunes, en apariencia producto de una confusión, terminó por encender focos rojos más allá de la región.
No es menor que entre las víctimas haya ciudadanos extranjeros.
El caso ya cruzó fronteras y puso la mirada de gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido sobre esa zona serrana.Porque lo que ahí sucede no es un hecho aislado.
Es el reflejo de una disputa que ha convertido ese territorio en un vacío de autoridad.
Un punto donde la presencia del Estado es intermitente, y donde los grupos criminales operan con capacidad de fuego suficiente para derribar aeronaves y sostener enfrentamientos prolongados.
La mesa de seguridad estatal revisó el caso un día después. No hubo víctimas fatales, pero eso no reduce la gravedad.
Al contrario: la magnitud del ataque exhibe, sin matices, el nivel de riesgo que se vive en esa franja.
Y como si hiciera falta confirmarlo, en las horas posteriores se reportaron nuevos enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos armados en la misma zona, entre Santa Rosalía de Carrizales y Ciénega de Silva, prácticamente en la puerta de entrada a Badiraguato.
Todo apunta a una reacción operativa tras lo ocurrido. Pero el fondo es otro.
Cuando un grupo criminal puede derribar una avioneta y rematarla con explosivos, no estamos frente a un episodio más de violencia.
Estamos ante un desafío directo al Estado Mexicano, que ha perdido grandes territorios del país.
Y si a eso se suma el componente internacional, la ecuación cambia de nivel.
Porque no es sólo un asunto de seguridad regional, es un problema que, por su naturaleza, escala a dimensiones que la Federación ya no puede minimizar.
Incluso, bajo ciertos criterios, podría hablarse de algo más: actos que rozan el terrorismo.
