La Fiscalía General vinculó a proceso a los oficiales Miriam López y Héctor Saldaña por el delito de despojo de propiedad, lo que derivó en su suspensión y baja inmediata de la corporación. Sin embargo, no todos los casos similares han recibido el mismo tratamiento disciplinario.
Un ejemplo es el de la oficial Heidy, quien enfrenta un proceso judicial desde hace cuatro meses por presuntos actos de robo y uso indebido de la fuerza pública. A pesar de las acusaciones, la oficial no ha sido suspendida de su cargo. Según se reporta, Heidy ha presentado incapacidades médicas periódicas, lo que ha provocado la cancelación constante de audiencias y un retraso significativo en su proceso legal.
Estas diferencias en la aplicación de sanciones han generado críticas hacia la corporación, cuestionándose la equidad en el manejo de los casos y las acciones disciplinarias.
