Con un desempeño importante como jueza familiar de Chihuahua, Sabela Patricia Asiain Hernández busca ahora ser Magistrada Federal en las especialidades civil y del trabajo, para integrar uno de los tribunales colegiados cuyos titulares habrán de ser electos en este proceso que culmina el primero de junio.
Con el número 01 en las boletas de Magistrados Federales, Asian Hernández puede presumir de una larga trayectoria en los tribunales, además de que en los últimos dos años ha colaborado en el Senado de la República para la elaboración de dos leyes nacionales.
Actualmente desempeña su labor de juzgadora en materia familiar estatal, a la vez que capacita en materia de oralidad familiar a personas juzgadoras en todo el país, labor que conjuga como profesora en niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
“Mi vocación a lo largo de más de 20 años ha sido y seguirá siendo servir a la sociedad desde la impartición de justicia”, dice la jueza, quien tiene como objetivo transitar al sistema de justicia federal.
Con Maestría en Derecho Procesal Judicial y Especialidad en Derechos Humanos, Sabela Patricia ha sorteado dificultades en el Poder Judicial del Estado, por lo que conoce las necesidades que tiene el sistema de justicia estatal y nacional.
“A través de la igualdad sustantiva se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia para todas las personas sin limitación de edad, género, condición social, origen o cualquier situación que pueda situar a una persona en una condición de vulnerabilidad”, dice la juzgadora. “La Ley debe igualar a los desiguales. La función jurisdiccional es la herramienta para que el pueblo efectivice sus derechos y viva en justicia. Es un honor ser funcionaria y un privilegio servir a nuestra sociedad. Justicia para todos”.
Desde su visión de la impartición de justicia, considera que ésta es un derecho humano y uno de los pilares fundamentales para mantener la equidad, el orden y la confianza en una sociedad.
“El Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza o religión, tengan acceso a una justicia imparcial y equitativa; debe ser clara, visible, cercana y garantista de los derechos fundamentales. Como impartidores, debemos actuar con autonomía, independencia y objetividad”, asevera.
La ahora candidata, fue seleccionada en 2015 para capacitar tanto a funcionarios como abogados y abogadas postulantes en materia de oralidad familiar, en el marco de la implementación del Sistema por Audiencias en la Entidad; conjuntamente colaboró con el equipo, que por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, partició en las reformas al Código de Procedimientos Familiares para el Estadode Chihuahua.
Sus especializaciones y cursos han girado en torno a Derechos Humanos, Derecho Familiar, Derecho Procesal Familiar, Argumentación Jurídica, Sistema Oral en Materias Civil y Familiar, Alta Especialización en Litigio Estratégico y Control Difuso de Convencionalidad.
Con esas crededenciales, se presenta a esta elección para ofrecer innovaciones en materia de justicia federal.
“La impartición de justicia debe humanizarse; debemos atender a cada una de las personas que acudan al Tribunal y canalizarlas con quien les pueda asistir técnica y efectivamente; brindarles toda la información que requieran para conocer el estado procesal de su juicio”, expone sobre sus propuestas.
“Las personas juzgadoras debemos generar un entorno de confianza con un trato humano, que logre transmitir lo siguiente: Estamos para servirles y evidentemente esto no les debe de generar costo alguno, porque es nuestra función”.
Además, plantea que la oralidad y el manejo del lenguaje ciudadano como un método de acercar la justicia a las personas.
“Los decretos, autos y resoluciones no son para demostrar cuánto sabemos las y los funcionarios, sino para que las personas sepan cómo y porque se resuelve así su conflicto. Se propone que absolutamente todo lo resuelto o proveído por la autoridad sea en un lenguaje claro, sencillo, ciudadano, y si es necesario, adaptado a las condiciones específicas de cada persona. Hacer entendible la Justicia”, sostiene.
Además, propone que se apliquen no sólo ajustes del procedimiento sino también razonables, es decir, que las estructuras de los tribunales estén acondicionadas para que niños, niñas, personas mayores, personas en situación de violencia, cuenten con espacios dignos y adaptados para ejercer sus derechos, además de que de ser necesario, se disponga de un equipo interdisciplinario encaminado a la efectivización asertiva de sus derechos, con traductores e intérpretes, verdaderamente pronta, real y funcional.
