No es la guerra formal entre países -la de Vladimir Putin sobre Ucrania, o la de Israel con el respaldo de Donald Trump en Medio Oriente- pero en México, en Chihuahua, la guerra ya existe. Y no es metáfora ni exageración, es la realidad de todos los días.
Es de balas, de drones, de desplazados. Y de Estado contra cárteles, en una pelea en la que el subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ricardo Realivázquez Domínguez, está dejando los pelos en el alambre.
Ayer, el Secretario de Seguridad, Gilberto Loya, mostró parte de un video que retrata con crudeza esa realidad: un enfrentamiento en la sierra de Guadalupe y Calvo entre policías estatales y un grupo armado de la facción Gente Nueva-Salgueiro, del Cártel de Sinaloa.
No es cualquier dato. Ese territorio se daba por controlado por el Nuevo Cártel de Juárez-La Línea. Se daba. Porque lo que revela el video es otra cosa: que el mapa criminal no está definido y la disputa sigue viva.
Ahí, entre pinos y brechas, se escucha lo que no aparece en los discursos oficiales ni en los boletines de prensa. Fuertes y graves expresiones de “Levanten las manos cab%$#…”, “Boca abajo, hijo de p&%$…” y “Te levantas y te mato…”
Gritos, disparos, quejidos. Y una frase que lo resume todo: “¿Qué quieres?”, responde un sicario antes de soltar ráfagas. No hay narrativa institucional que suavice eso. No hay boletín que lo edite.
Lo que hay es una guerra fragmentada, diaria, sin declaración formal, pero con saldo permanente: comunidades desplazadas, territorios en disputa y policías enfrentando poder de fuego criminal que no deja de crecer.
Del lado estatal, Realivázquez y su gente están apostados con el 100 por ciento del esfuerzo, los recursos y las fuerzas de seguridad
Entre 2010 y 2024, el gasto político en Chihuahua creció en promedio 152 por ciento. Más del doble. Muy por encima de la inflación acumulada, que rondó el 85 por ciento.
Traducido sin rodeos: la democracia se encareció mucho más rápido que la vida. El Tribunal Electoral subió 208 por ciento. El Congreso, 182. El sistema electoral y los partidos, 130.
Todo al alza. Todo sostenido. Todo casi sin debate.
Mientras tanto, seguridad, salud e infraestructura siguen peleando pesos.
Aquí no hay crisis que valga. Ni pandemia, ni recesión, ni ajustes. El aparato político tiene su propia lógica: crecer… siempre.
Y aunque el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum asoma como intento de contención, en los hechos apunta poco y recorta menos. Porque cuando se trata de apretarse el cinturón, la clase política, de todos los colores, suele encontrar coincidencias.
Reducir, sí… pero lo indispensable para que nada cambie. Mero gatopardismo de la 4T, porque la reforma electoral quedará chiquita en comparación con las expectivas que generó la presidenta y lo que demanda la sociedad.
En los Ceresos del Estado, cada riña activa el mismo guion prefabricado. Tras cada incidente viene un operativo “sorpresa”, revisión masiva, boletín con lista de objetos decomisados. Y repetición hasta el infinito, como si eso fuera una solución real, permanente, duradera, al problema que representan las prisiones.
La última escena fue en el Cereso 1 de Aquiles Serdán. Tras una pelea que dejó a un interno grave, entraron 75 elementos. Resultado: Puntas hechizas, navajas, resistencias eléctricas, sartenes eléctricos, guantes de box, rasuradoras…Y, entre todo eso, lo verdaderamente interesante: dos módems, dos routers y seis cargadores para celular o tablets, pero ni un solo celular ni tablet encontrada. Fue el caso de los “celulares fantasma” que bien relatamos en una nota de Acción en la Noticia la semana pasada.
Como tampoco aparecen drogas, en cárceles donde el consumo es un secreto a voces.
¿Para qué sirven routers sin celulares? ¿Cómo hay adictos sin droga?
La respuesta no es tecnológica, sino política. Los operativos encuentran todo, menos lo que no quieren encontrar.
Por eso ya no convencen esos operativos “sorpresa” en los Ceresos; por eso ya tienen cansados a los policias usados para intervenir en las prisiones, porque es mero teatro, mera simulación.
Un juego donde todos saben dónde está el problema, pero nadie lo toca.
En un territorio -el corredor Aldama-Ojinaga, sometido por la delincuencia- donde casi toda violencia se explica por el crimen organizado, el caso de Coyame rompe el molde. El asesinato del tesorero Carlos Guillermo Ramírez no apunta, al menos hasta ahora, hacia los cárteles, sino a otro móvil
No hubo arma de fuego para ejecutar el crimen, pues el asesinato fue a golpes; no hubo mensaje en la escena del crimen y no se detectó el patrón típico de las ejecuciones ligadas al narcotráfico o a cualquier otra actividad delictiva organizada.
Por ello es que la Fiscalía General del Estado, sin transparentar por completo las investigaciones, empieza a inclinarse por un móvil personal. Y eso, lejos de tranquilizar, abre otra preocupación, porque incluso fuera de la lógica del narco, la violencia sigue siendo brutal e inexplicable.
Coyame está en un corredor marcado por el crimen. Por eso el reflejo automático fue atribuirlo a ese entorno. Pero no, aquí lo inquietante es distinto. Que un servidor público, conocido en su comunidad, pueda ser asesinado sin que encaje en ninguna de las “reglas” conocidas de la violencia criminal, es de llamar la atención.
Es como si la violencia ya no necesitara explicación. Un trabajo de investigación profesional de la FGE debe derivar en un móvil claro, una teoría del caso sólida y, desde luego, la ubicación y detención del o los presuntos responsables.
