La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a aterrizar luego de una encerrona de cuatro horas en Palacio Nacional. Reunida con la Comisión presidencial creada para redactar la iniciativa y los coordinadores parlamentarios de Morena, Sheinbaum ha trazado las grandes líneas de su proyecto, que van desde disminuir el financiamiento público de los partidos, reformular la Representación Proporcional para recortar el número de legisladores en el Congreso, ajustar los órganos electorales, eliminar el fuero y fijar la Revocación de Mandato en 2027. El futuro de la ambiciosa reforma es aún incierto, pues esta debe contar con el consenso con sus aliados, PVEM y PT, quienes hoy mismo se han mostrado renuentes a avalar cambios que puedan resultarles contraproducentes, sobre todo en recortes a sus ingresos y al número de representantes en el Legislativo. Los votos de esos partidos son necesarios para que el oficialismo cambie la Constitución. Hasta ahora, estos aliados no han formado parte de las negociaciones. Primero debía llegar el acuerdo al interior de Morena para después extender la invitación a los socios.
La presidenta ha encabezado dos reuniones este miércoles en Palacio Nacional. Una, con la Comisión que preside Pablo Gómez, en la que confluyen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el exvocero presidencial Jesús Ramírez, y algunos de los funcionarios más cercanos a la presidenta, como Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Esthela Damián, consejera Jurídica, y el exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno. Al término de esa reunión, se han sumado el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador de los senadores, Adán Augusto López y su vicecoordinador, Ignacio Mier.
La Comisión ha presentado a Sheinbaum una baraja compacta de posibilidades en los puntos de mayor interés para la mandataria, a fin de que se decidiera por las opciones más convenientes, han señalado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Por ejemplo, en el tema de la reducción del gasto del INE, se le indicaron las áreas donde se podrían hacer recortes, cuidando de que no se ponga en riesgo el papel del instituto como árbitro electoral. En cuanto a la reducción del número de legisladores, se le planteó que, si bien el Estado se ahorraría el sueldo de algunas decenas de ellos, el gasto operativo del Congreso seguiría siendo casi el mismo, a menos que se haga el correspondiente ajuste; en ese mismo tema, se le advirtió de que la opción —defendida por algunos miembros de la Comisión— de reducir de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa implicaría un gigantesco operativo del INE para cambiar el mapa distrital del país entero.
