POR EL ESCRIBIENTE——
Los que saben del mundo de la delincuencia organizada aseguran que la narcomanta colocada cerca del entronque al Cereso de Aquiles Serdán el pasado fin de semana, podría tener una intencionalidad más perversa de la aparente.
El mensaje dejado está dirigido a la gobernadora Maru Campos, ante quien “encuera” a un listado de funcionarios y jefes policiacos que supuestamente dan protección a Salvador S.V.M, alias “El Verín”, capturado por la Guardia Nacional el 15 de julio y enviado al penal de Aquiles Serdán por decisión de un juez federal.
El capo de la capital, que se presumía como el dueño de Chihuahua, es exhibido también como segundón de “El Capu”, Edgar Panda; así como es puesto al nivel de “El Topo”, otro subordinado del verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, que supuestamente se habla de tu a tu con los lugartenientes de “La Chapiza” y “La Mayiza”.
Pues bien, parece ser que la narcomanta era para embarrar a los agentes estatales y municipales que enlista, como reacción con mucho ardor de parte de quienes han visto afectados sus intereses, por los buenos resultados que existen en materia de seguridad en la ciudad de Chihuahua.
Es Chihuahua, y en parte todos los municipios que cubre la Fiscalía Zona Centro, uno de los puntos en el estado que ha mejorado los índices de seguridad y ha logrado importante reducción en los delitos más graves; nada más los homicidios dolosos traen más de dos dígitos a la baja.
Entonces, todo parece indicar que los resultados positivos en seguridad en la capital resultan incómodos a ciertos grupos criminales, que reaccionaron son señalamientos y calumnias sin fundamentos, con la insana intención de tratar de desestablizar internamente a las corporaciones que están dando resultados.
La narcomanta que pusieron, por lo tanto, sería el resultado de la molestia de los delincuentes, que tal vez, incluso, pudieron utilizar a elementos ardidos dentro de las mismas corporaciones para lanzar sus amenazas.
El escandaloso caso del crematorio Plenitud y de los otros negociantes de la muerte que han salido a la luz pública a partir del hallazgo de los casi 400 cadáveres sin cremar, trae peleados a todos contra todos en las instancias públicas estatales.
Públicamente han atendido con la debida diligencia a cientos de familias que demandan justicia, explicaciones y apoyo ante tan lamentables tragedias, pero en privado y bajo la mesa están duros los patadones en la repartición de culpas por lo ocurrido.
En el gabinete estatal hablan de que los funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Fiscalía Zona Norte, de Servicios Periciales de la Fiscalía General, de la representación del Gobierno del Estado en Juárez y de la Función Pública, han entrado en una dinámica de hostilidades que nomás les genera más estrés del que ya traen a cuestas desde finales del mes pasado.
Además de los procesos legales que ha instaurado el Ministerio Público contra los responsables directos de este manejo indigno e ilegal de los cadáveres, hay revisiones internas a las dependencias que tienen encargada la supervisión a las entidades privadas dedicadas al negocio funerario, para ver el grado de colusión o negligencias en las que pudieron haber incurrido.
También la Función Pública mantiene abiertas investigaciones administrativas, hasta la fecha secretas y sin resultados, para determinar si existen responsabilidades de los funcionarios y cuáles son.
En medio de todo esto, la guerrilla de indirectas y directas, de acusaciones y sospechas en todas direcciones en cada reunión interinstiucional sostenida por los involucrados, nomás agrava el descontrol funerario evidenciado con estos lamentables casos.
Es todo un reto para el representante de la gobernadora Maru Campos en la frontera, Carlos Ortiz, apaciguar esos ánimos en el equipo estatal y conducir a todos en una misma dirección.
La reunión de la mesa de seguridad en Guadalupe y Calvo la semana pasada, encabezada por la gobernadora Maru Campos, sí dio resultado, a pesar de que pareciera que se intensificó la guerra de cárteles en la región, dominada por al Gente Nueva, pero con fuertes presiones de La Línea, que ha reforzado su presencia y control en el territorio.
Sería más fácil criticar el encuentro de seguridad en la cabecera municipal sin análisis alguno, a raíz del último enfrentamiento del pasado viernes, con una serie de balaceras entre los grupos criminales y la Guardia Nacional, pero es aquí, en este punto, en la intervención de la Guardia Nacional, donde se nota una diferencia con lo ocurrido desde principios de junio.
El mes que está llegando a su final comenzó con la irrupción de comandos de La Línea en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, en busca de los jefes de la plaza de la Gente Nueva o Cártel de Sinaloa, lo que motivó balaceras constantes durante varios días, sin que autoridad alguna interviniera.
Es más, los reportes oficiales indicaban “SIN NOVEDAD” tanto por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, mientras la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, de Morena, se escondía en su casa y llamaba por redes sociales a la población para que no saliera de sus viviendas.
Tres semanas transcurrieron así, hasta la sesión de la mesa de seguridad, donde los corporaciones federales y estatales acordaron reforzar su estrategia; así, en la balacera del viernes fue la Guardia Nacional la que dejó de estar cruzada de brazos y abatió a tres presuntos integrantes de La Línea, enviados desde Bocoyna a pelear contra la Gente Nueva.
En efecto, no hubo una pacificación inmediata tras la mesa de seguridad, pero al menos dejaron de estar nomás mirando las corporaciones.
El reto es enorme para el Ejército y las fuerzas estatales, pues parecen muy dicididos los grupos criminales a controlar esta región, paso clave e importante para la logística del crimen, especialmente para las operaciones del Cártel de Sinaloa, que si pierde este territorio podría darse por extinto, tal como se le conoce en la actualidad, en el resto de los municipios del estado.
