Por: El Escribiente…
Las excesivas apariciones del exgobernador César Duarte en público, pues este fin de semana fue visto en comida de cuates otra vez en Distrito 1, reflejan la personalidad del priista, quien sinvergüenza alguna sale a todas partes con la tobillera de GPS que le impuso un juez como medida cautelar y reúne a todo su equipo duartista en público para mandar el mensaje de está pensando en regresar a la actividad política.
Esa obsesión de figurar, ese afán de protagonismo del exmandatario, también es un reflejo de la protección de la que goza, esa que le permite andar libre y no ser detenido por algún otro delito diferente por el que fue extraditado de Estados Unidos a México.
Los cuatro años de prisión que pasó, primero en Miami y luego en Chihuahua, tampoco fueron gratuitos. Fueron apenas a cuenta de 20 carpetas de investigación que le inició la Fiscalía del Estado en tiempos de otro enfermo exgobernador, Javier Corral, panista convertido al morenismo.
Pero si bien las cuentas de Corral Jurado no son las mejores, de hecho podrían ser las peores que ha entregado un gobernador del estado, la realidad es que Duarte Jáquez tampoco es el angelito que quiere aparentar en sus jugadas que les siguen algunos medios, quienes pretenden normalizar las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, producto no solo de la obsesión corralista, sino de documentados atracos al erario de Chihuahua durante su gestión.
O sea, Duarte no está exonerado de delito alguno, sino procesado, aunque su juicio oral propiamente no haya comenzado por las artimañas que su defensa -nada barata, de hecho hay quienes afirman que sus abogados cobran en dólares- ha promovido para retrasar lo más posible.
Si bien eso no lo hace culpable, hay otro montón de causas encima, no todas del corralismo, porque esas ya perdieron vigencia, tanto porque no se anexaron a la petición de extradición o estaban tan mal armadas que carecían de valor; pero ahí están las nuevas abiertas por la Comisión Nacional del Agua, por el abuso de extraer el vital líquido del subsuelo para llenar presones en su rancho de Balleza.
Lo extraño es que, pese a todas esas losas políticas y jurídicas encima, Duarte Jáquez insista en figurar y sobresalir. ¿Quién lo protege como para que siga jugando con fuego? ¿El Palacio de Gobierno de Chihuahua, porque evidentemente no es Palacio Nacional? ¿Otros grupos de poder del morenismo o del prianismo?
Con los números del cómputo hasta el fin de semana, al alcalde Marco Bonilla no le fue de lo mejor en la pasada elección judicial, si no hay cambio de cifras y continúa en sexto lugar de los más votados para magistrados su secretario del ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón.
En la batalla por las cinco salas civiles destinadas a candidatos hombres, llevan la ventaja dos aspirantes impulsados mediante el acordeón que difundió Morena y la Secretaría del Bienestar, Yamil Athié Gómez y Emmanuel Chávez Chávez, dos cuadros ampliamente cuestionados en sus capacidades, cuyo mérito principal fue hacerse a tiempo al lado guinda de la historia.
Pero sus votos, según lo que se dice en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia, no son únicamente morenistas, sino que debieron haber recibido algún impulso extra de traidores panistas, tal vez del Palacio de Gobierno, de la propia Presidencia Municipal y del Poder Judicial, cada uno con sus bien elaborados acordeones.
Después van Saul Eduardo Rodriguez y Julio César Merino Enríquez, este último en batalla con el funcionario de la secretaría de Gobierno, Andrés Perez Howlet.
Esos cinco parecían seguros magistrados hasta el fin de semana, a menos que una sorpresa o una caída del sistema le diera entrada a Roberto Fuentes. De no ser así, el equipo municipal de la capital estaría siendo derrotado, no tanto por los votos sino por otro tipo de acuerdos políticos.
Lo útil y favorable para el alcalde Bonilla y su proyecto de 2027 es que, tras los números finales de la elección, quede o no su secretario como magistrado, podrá saber con quiénes contar y con quiénes no.
En una posición también golpeada acabó el otro aspirante fuerte a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, quien apenas habría logrado una o dos posiciones de medio centenar que impulsó para cargos en el Poder Judicial del Estado y el federal.
La posición que parece tener garantizada su grupo político es la de una sala civil para Angélica Mendoza, esposa de su secretario del ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, pero nada o casi nada de varios proyectos que impulsó para magistrados en todas las ramas, para jueces del sistema estatal y para juzgadores federales.
Pudo ver Pérez Cuéllar, seguramente, el poder que se ejerce desde el Palacio de Gobierno y la Secretaría del Bienestar, cuando de alcanzar acuerdos políticos se trata.
En más de la elección judicial que sigue en fase de cómputo, en los números de la votación para magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina puede verse el amarre estatal-federal para conformarlo.
El organismo habrá de quedar intergrado por Javier Acosta Molina como magistrado presidente. Es un panista de cepa, esposo de la diputada federal del PAN, Carmen Rocío González, pese a lo cual fue postulado y bendecido para dar el brinco del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano que habrá de desaparecer para dar paso a otra instancia de administración judicial.
Segundo lugar es otro panista, Luis Daniel Meza González, protegido en la nómina y la burocracia estatal los últimos años y actualmente en la Auditoría Superior del Estado, desde donde el PAN usó su plataforma para lanzarlo al nuevo olimpo judicial.
Sigue la cuota de Morena, Jamín Yadira Alanís Reza, protegida en la nómina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero con fuertes conexiones a los grupos de la izquierda convenenciera que igual pacta con Satanás que con San Juditas Tadeo, todo sea por mantenerse en el presupuesto.
La otra posición es de Movimiento Ciudadano, a través de la novata funcionaria judicial Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, esposa del dirigente y diputado naranja, Francisco Villegas Sánchez, empleado de Alfredo “El Caballo” Lozoya.
La última de las posiciones es para la panista Yadira Anette Gramer Quiñónez, consejera jurídica del Palacio de Gobierno. No necesita mayor explicación.
Así, tres de cinco son asientos del PAN en el nuevo Tribunal de Disciplina Judical, a cargo de sancionar a los jueces que se quieran pasar de listos con sus resoluciones; otra es de Morena y una más de MC, lo que da para pensar que al albiazul le sale más efectiva sencilla una alianza con el partido naranja que mil alianzas con el PRI.
