Por: El Escribiente
No solo con maquinaria pesada sino también con explosivos para una de las cortinas de concreto, fueron derribados los presones del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, los últimos dos días de la semana pasada.
Fue en serio la intervención de la Conagua, instruida desde Palacio Nacional, en la extensa propiedad del exmandatario en Balleza, como con la idea de no dejar piedra sobre piedra después de la salomónica decisión de la justicia federal.
Porque si bien un Tribunal Colegiado de Chihuahua avaló la decisión de una suspensión provisional de una jueza de Distrito, Madhay Soto, que impidió por unos días la destrucción de las represas dentro del rancho, al final la decisión judicial fue la de negar el amparo promovido formalmente por habitantes del ejido El Trigueño, que reclamaban su derecho al agua.
La misma juzgadora, con presión especial desde la mañanera presidencial, dio a la Conagua luz verde para intervenir y destruir los contenedores artificiales del arroyo El Saucito, así como un pozo cuya concesión no está muy clara, dentro de la propiedad del exmandatario; a la vez, ordenó garantizar el acceso al agua a los pobladores.
Fue así que, sin más, Efraín Morales, titular de la Conagua, con apoyo de la Guardia Nacional, ordenó tumbar la cortina de la represa principal y derribar los otros presones alternos, en lo que desde la esfera federal también fue un mensaje políticamente más explosivo que la dinamita.
La dependencia federal, nos dicen, puede alegar en la Fiscalía General de la República que esta podría ser una causa penal nueva contra Duarte, quien podrá estar blindado por supuestos delitos pasados, pero no de otros que podrían configurarse con este caso.
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En los números finales de la elección judicial, el alcalde Marco Bonilla salió fortalecido no solo porque impulsó a su secretario del ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, como magistrado civil, sino porque su equipo demostró capacidad de operación en tierra.
En las filas panistas dicen que, haciendo cuentas y análisis, fue determinante la operación de los grupos del PAN que gravitan alrededor de la figura del alcalde para sacar a los candidatos que patrocinó el Palacio de Gobierno, con todos los sectores interesados en el Poder Judicial.
La operación para llevar gente a las urnas y diseñar una estrategia de posicionamiento reflejada en votos, sirvió al engranaje político institucional destinado no destruir el aparato de justicia, como se pretendió hacerlo desde el nivel federal.
Las decisiones e instrucciones de la gobernadora Maru Campos, equilibradas en los acuerdos políticos con el más alto nivel federal, fueron acatadas y llevadas a cabo por esos panistas comprometidos con la causa bonillista, aportándole al triunfo judicial esperado.
El resultado final da cuenta, pues, que desde Chihuahua fue privilegiada la unidad del PAN y la institucionalidad, mientras otros equipos recurrieron a la traición o a los enjuagues por fuera, para favorecer otros intereses aparte de los del Palacio.
Eso es lo que coloca a Bonilla en el bando de los ganadores, por más versiones que tratan de presentarlo con conflictuado con la administración estatal.
Después de que el sábado entregara el Instituto Estatal Electoral las constancias de mayoría a los 30 magistrados del Tribunal Superior del Estado y los 5 del Tribunal De Disciplina Judicial, comenzaron a surgir las versiones de que vienen impugnaciones.
En especial, nos dicen, hay un grupo de magistrados que no alcanzaron ni el voto de sus familiares para alegar irregularidades en el cómputo y chanchullo en el llenado de las boletas, así como una corriente feminista que pretende tener una rebanada más grande del pastel de las posiciones que les tocaron.
Sobre irregularidades, es fácil advertir que serán bateadas en tribunales, tanto el estatal como el federal, por la clara línea política existente para validar el proceso de elección judicial.
Pero es interesante la tesis que promueven los grupos feministas, para que de las 14 salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con titulares electos en el proceso actual, sean asignadas a 10 mujeres y a 4 hombres, cuando la regla inicial de la reforma judicial decía que serían 7 féminas y 7 masculinos los elegidos.
Tiene algo de lógica el reclamo. De entrada, Guadalupe Ocón, quien quedó en octavo lugar de las mujeres y no alcanza una magistratura, obtuvo 71 mil 592 votos, más que los obtenidos por Rubén Aguilar Gil, quien quedó en el cuarto lugar de los hombres, con 69 mil 800 votos; otro ejemplo es Yasel Iradiel Villanueva, lugar 9 de las mujeres, también perdedora, quien sumó 69 mil 839, por encima del quinto lugar de los hombres, Rodolfo Acosta Mendoza, quien levantó poco más de 67 mil sufragios.
Luego, la número 9 de las mujeres, otra derrotada, Judith Ávila Burciaga, tuvo 65 mil 171, por encima, del lugar 6 de los hombres, HéctorVillasana Ramírez, quien obtuvo 57 mil 600 votos, suficientes para hacerlo magistrado. Y la décima posición femenina, con 62 mil 265 votos, es de Adela Lozoya Gutiérrez, cuyo nivel de apoyo la coloca por encima del séptimo ganador de los hombres, Jesús David Flores Carrete, quien juntó 57 mil votos.
Sí, las mujeres en la contienda por las salas penales tuvieron muchos más votos que los hombres. Hasta el décimo lugar de las mujeres, tienen votaciones más altas que los hombres, desde el cuarto lugar en adelante.
Sin embargo, parece difícil que un tribunal le de la razón a las feministas que promueven esta idea de impugnar con este argumento, pues de los 30 magistrados del TSJE, como están electos, 15 serán mujeres y 15 serán hombres; además, del Tribunal de Disciplina, 3 serán mujeres y 2 hombres.
Ya hay paridad en la cuenta general de las posiciones más altas del Poder Judicial, pero las mujeres quieren más, basadas en esos números finales del conteo y en la deuda política histórica que existe en contra del sexo femenino.
Veremos qué dice la justicia la electoral, en caso de que llegue a presentarse alguna impugnación con estas bases.
- Tomamos comentarios literales de un chat de panistas, en el que los participantes hablan de la apertura de su oficina de enlace legislativo del coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, realizada el jueves de la semana pasada, con amplio respaldo institucional.
“Se pasa de webon, es su 4 año de diputados y abrió a penas su casa de enlace”, dijo uno de los militantes. “Quiere buscar la alcaldía cuando tiene 4 años que no le baja a la borrachera y a parte ya subió como 30kg en el mismo periodo”, remató otro.
“Jajaja nomás 4 años necesitó para abrir su casa de enlace”, indicó otro militante, que seguramente ya debe estar enlistado en algún otro proyecto para la alcaldía capitalina, que buscan, además, el fiscal César Jáuregui y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, ambos muy aventajados sobre otros aspirantes.
“Y como que quiso hacer ahí su destape, pero no manches eso se hace en los primeros 6 meses”, señaló otro panista más, que llegó a redondear la visión generalizada que existe sobre Chávez Madrid, quien indudablemente llega muy tarde a la fiesta de los que quieren la candidatura para sentarse en la misma silla que el alcalde Marco Bonilla.
