Por: El Escribiente
Al cerrar la semana pasada, nos informan, un nutrido grupo de personas se concentró en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) del Gobierno del Estado, luego de que se difundiera información falsa en el sentido que el viernes era el último día para recibir los apoyos sociales que reparte esta dependencia.
La desinformación, no sabemos si por mero error o por alguna mente maliciosa, causó molestia, confusión y aglomeraciones en las oficinas donde despacha el secretario Rafael Loera Talamantes, uno de los mejor posicionados para alcanzar la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal.
Es fácil suponer que fue difundido el rumor para afectar al joven aspirante, pero lo que nadie esperaba es que el mismo Loera, ante la multitud de personas aglomeradas en el piso del edificio que ocupa Desarrollo Humano, salió de sus oficinas a atenderlos personalmente y darles la cara, con el fin de aclararles dudas y brindarles la atención directa.
Total que lo que parecía una manifestación en contra, el funcionario casi lo convirtió en un mitin político a su favor, como lo muestran las imágenes difundidas del encuentro que comenzó agresivo y terminó entre selfies y abrazos de la gente con el secretario.
Desde luego, Loera Talamantes, para capitalizar lo que se formó como algo en su contra, y así al parecer quería difundirse en medios y redes sociales, debió explicar e informar con transparencia la operación de los programas sociales a su cargo, con lo que la gente se retiró del lugar contenta.
- Ocho de los 30 de los ganadores de la elección judicial para los cargos de magistrados civiles, penales y familiares, fueron puestos en entredicho por la llamada “Alianza 1 de Junio”, representada por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza, quienes encabezaron la presentación de una impugnación formal para que el Instituto Estatal Electoral revise sus casos debido a que presumiblemente incumplen con los requisitos de ley para ocupar el cargo para el que fueron electos.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para la designación de magistraturas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Más allá de las prácticas de fraude electoral —que creíamos superadas y que, sin embargo, fueron evidenciadas públicamente con asombro generalizado y con la permisividad, o incluso posible complicidad, de las autoridades competentes—, advertimos con alarma el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad”, señalaron al comunicar su impugnación.
Los candidatos puestos a revisión puros buenos ejemplos de la ley y la justicia, unas almas de Dios: Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Emmanuel Chávez Chávez, Gerardo Javier Acosta Barrera y la mismísima magistrada presidenta electa, Marcela Herrera Sandoval.
En los casos de Aguilar Gil, Chacón Rodríguez, Trevizo Rivera, Mendoza Beltrán, Sandoval Holguín y Chávez Chávez, “se les exentó indebidamente de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones. Esta exención carece de sustento constitucional y constituye una forma de eludir el cumplimiento de la ley”, sostiene la comunicación.
“Asimismo, se ha hecho pública información que indica que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8. Además, Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez y Gloria Angélica Mendoza Beltrán no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos”, así de simple.
Además, tanto Rubén Aguilar como Gloria Angélica Mendoza, candidatos de una perversa alianza PRIAN-Morena, fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso electoral, “lo cual no solo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos públicos para cometer fraude electoral”.
En cuanto a Gerardo Javier Acosta Barrera, aun siendo magistrado en funciones, se ha difundido información que hace presumir que tampoco cumple con el requisito del promedio académico mínimo.
Finalmente, en el caso de Marcela Herrera Sandoval, su currículum disponible en la plataforma oficial “Conóceles” evidencia la falta de experiencia y conocimientos acreditados en materia procesal familiar. Su trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la familiar.
Aquí se verá qué tan fuertes fueron las complicidades, los amarres y acuerdos politicos del Palacio de Gobierno con la Federación para sacar la cuestionada elección judicial.
Tarde, pero sin sueño, así salió tras casi un mes de polémica la dirigente del partido Morena en Chihuahua, Brigite Granados, a posicionarse ante las versiones de que César Duarte, el exgobernador procesado por corrupción, tenía coqueteos con personajes de color guinda.
“En Morena Chihuahua somos claros. Ni perdón ni olvido para quienes saquearon al pueblo y traicionaron a Chihuahua. Las declaraciones recientes del exgobernador César Duarte, pretendiendo presentarse como víctima de persecución política, son un insulto a la inteligencia y a la memoria histórica de las y los chihuahuenses”, indicó Morena en un comunicado.
“César Duarte no es una víctima: es un delincuente acusado de corrupción, responsable de desviar recursos públicos y de robarle el agua a las y los chihuahuenses con presas ilegales en sus propiedades, mientras hoy enfrentamos una de las peores crisis hídricas en nuestra historia. En Morena no olvidamos. El pueblo no olvida. Duarte todavía tiene cuentas pendientes con la justicia y su lugar es en los tribunales, no en la política”.
No hay que confundirse, según los que saben dentro de la 4T. El comunicado no habla del agua ni del problema de las represas que le destruyó la Comisión Nacional del Agua a Duarte en su rancho de Balleza, sino de las versiones que aseguraban un acercamiento del exgobernador con personajes de la Secretaría de Bienestar, que hacían suponer un desliz del expulsado priista hacia el morenismo.
Entonces, salir a posicionarse con cualquier tema en contra de Duarte, era demanda necesaria del morenismo de calle, para que quien haya pensado en que puede meter al exgobernador al partido, lo deba pensar dos veces antes de seguir con la idea.
