Mucho revuelo ha causado la auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Plataforma Centinela. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿por qué hasta ahora?
Durante todo este tiempo, los supuestos avances del proyecto jamás fueron sostenibles con los números que presentaba la Secretaría de Seguridad Pública.
Resulta llamativo que apenas hoy se hable de una posible denuncia penal, cuando la Secretaría y la empresa Seguritech nunca dejaron de comunicarse. Los retrasos y fallas en las entregas fueron constantes y siempre estuvieron en conocimiento del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y de su lacayo, el subsecretario de Centinela, Adrián Lui.
Entonces surge otra pregunta incómoda: ¿por qué Gilberto Loya nunca aplicó las penalizaciones correspondientes?
El incumplimiento fue evidente desde el inicio. La primera fecha de entrega de la Torre Centinela se fijó para enero de 2024; después se recorrió a marzo de 2025, más tarde a octubre de 2025 y ahora se habla de una supuesta entrega en agosto de 2026.
Lo más grave es que, tras la intervención de la ASE, ahora sí el secretario sale a defender lo indefendible. Resulta difícil no pensar que “alguien” se encargó de cuadrar las omisiones de Seguritech.
Y es que en el 2022 cuando se puso la primera piedra de nuestra torre de Pisa versión Chihuahuita, Gilberto Loya fue cuestionado por distintos periodistas el porqué de la adjudicación directa a Seguritech, ya que se habían documentado estas fallas en los estados opera en estados como Querétaro Baja California, Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán, y Jalisco.
La pregunta final queda en el aire: ¿las hicieron cuadrar por simple negligencia… o porque hubo algo más de por medio?
La sanción debería ser tanto para la empresa como para el secretario de Seguridad Pública, experto en vender espejitos.
