La Cámara de Diputados recibió ayer a las 14:30 horas la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral, y la remitió a comisiones para dictamen. La mandataria confirma su propuesta de reducir de 128 a 96 los senadores y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional.
El cambio busca que los 200 pluris “no sean resultado exclusivo” de las decisiones de las cúpulas de los partidos y propone suprimir las listas de 40 candidatos por cada una de las circunscripciones y que los legisladores de representación se asignen por dos vías: 100 serían los segundos mejor votados y 100 irían a una votación directa.
La iniciativa fue entregada por el enlace de Gobernación con el Congreso, Juan Ramiro Robledo, a la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), en un trámite de cinco minutos. En el documento, Sheinbaum desarrolla el “decálogo” que ya se había anunciado en días recientes en la mañanera.
Solicita reducir el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario. Actualmente, se calcula al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la iniciativa reduce la segunda variable a 48.75.
Si bien en términos nominales significa 16.25 por ciento menos, respecto al total es de 25 por ciento de la erogación comicial, y el cálculo de Morena es que se ahorrarían más de 15 mil millones de pesos.
También endurece las medidas contra el financiamiento ilegal, para lo que plantea prohibir aportaciones privadas en efectivo destinadas a gastos de campaña y obligar a que sean mediante transferencias en el sistema bancario, e incluso no permitir el fondeo de candidatos y partidos desde el extranjero.
En la exposición de motivos, la Presidenta indica que son medidas para evitar “injerencias indebidas” en los procesos y “salvaguardar la autenticidad del sufragio” ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves.
Como medida adicional, se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera puedan solicitar información relevante de los abanderados “para salvaguardar la integridad” de los comicios, así como obligar a candidatos y partidos a reportar al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos, egresos y operaciones financieras, incluidos valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y finanzas, compra o venta de bienes y demás activos.
Se confirmó la intención de reducir de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales para difusión de los partidos.
La única medida que considera para los órganos y autoridades comiciales es definir que los consejeros del INE y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los tribunales, no ganen más que el titular del Ejecutivo federal.
Respecto al cómputo de los votos en las elecciones locales, plantea que arranque a partir de la recepción del primer paquete en los consejos distritales, la misma noche de cada proceso y no hasta el miércoles siguiente, como ocurre ahora.
Asimismo, la mandataria propone ampliar los derechos de participación ciudadana en procesos de democracia directa en estados y municipios.
En la exposición de motivos, precisa que la reducción del costo de los comicios y las nuevas medidas para evitar “injerencias indebidas e ilícitas” en las elecciones “no deben entenderse como ruptura”.
