—Por el Escribiente
Volvió a tensarse la franja oriente del estado, en gran medida, posiblemente, por la detención de “El 03” el pasado viernes en Chihuahua
El sujeto, Gerardo G.H, fue capturado por una célula federal junto con Alejandro R.G, ambos del grupo criminal de “Los Cabrera”.
Desde la captura de su hermano “El 04” o “El 02”, Roberto G.H, parece que “El 03” era el siguiente objetivo prioritario de ese cártel, en lo que su pariente espera el boleto para viajar gratis y con todo pagado a Estados Unidos, donde lo requiere la justicia de aquel país.
Mientras “Los Cabrera” tienen esa sacudida en su estructura, la carretera que conecta Aldama con Ojinaga fue escenario el pasado sábado de un nuevo episodio que confirma que ese corredor es hoy uno de los puntos más frágiles en materia de seguridad en Chihuahua.
Un convoy integrado por al menos ocho camionetas con hombres armados fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante recorridos de vigilancia ordinarios. La caravana, según reportes preliminares, circulaba con evidente despliegue de fuerza.
La reacción fue inmediata, pero prudente. Ante la superioridad numérica del grupo armado, los agentes notificaron a la Central de Mando y recibieron la instrucción de replegarse para evitar un enfrentamiento desigual que pudiera escalar en consecuencias mayores; llegó entonces el operativo por tierra y aire y minutos después, el panorama cambió.
Se activó un despliegue táctico amplio que involucró prácticamente la totalidad de las unidades estatales disponibles, con intervención por tierra y apoyo aéreo.
Posteriormente, la presencia se reforzó con elementos del Ejército Mexicano, que mantienen patrullajes y puntos de revisión estratégicos en la zona.
Versiones extraoficiales apuntan a que en el área pudo registrarse un enfrentamiento entre grupos antagónicos, presuntamente vinculados a “Los Cabrera” y células del Nuevo Cártel de Juárez, que ven ya la flaqueza del primero para recuperar territorio.
Hasta ahí los hechos. Pero no perdamos de vista que la Aldama-Ojinaga no es una carretera cualquiera. Es una ruta estratégica por su cercanía con la frontera y por su valor logístico para el trasiego ilegal.
En los últimos meses ha sido escenario recurrente de balaceras, persecuciones y hallazgos de personas sin vida, reflejo de la pugna territorial entre organizaciones criminales.
Por ello, la tensión actual no puede analizarse de manera aislada. Como decíamos, el pasado fin de semana, en la capital del estado, la Guardia Nacional detuvo a “El 03”, considerado objetivo prioritario dentro de estas disputas internas. En contextos como este, cada captura relevante suele detonar reacomodos, ajustes de cuentas o demostraciones de fuerza.
Así, el episodio envía un mensaje preocupante para todos, dada la capacidad de movilización y despliegue de los grupos armados, que sigue siendo significativa en ciertos puntos del estado.
El desafío para las autoridades es doble. Por un lado, contener la escalada inmediata; por otro, recuperar el control sostenido del territorio.
Mientras no haya una estrategia integral que rompa la lógica territorial del crimen organizado, cada operativo será contención temporal en un corredor que sigue en disputa.
El conflicto competencial 20/2025 puede parecer un asunto técnico entre jueces, pero no lo es.
Al menos no es eso solamente, pues detrás de una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Chihuahua, se esconde algo mucho más profundo: la posibilidad de redefinir -sin decirlo abiertamente- quién investiga, quién fiscaliza y quién castiga la corrupción en México.
El origen de todo es el caso del exgobernador Javier Corral Jurado, acusado de peculado agravado por 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
¿Debe conocer el asunto un juez local o uno federal? Esa pregunta, que promovió Corral Jurado con la exigencia de que la Fiscalía General de la República atrajera su caso y se lo quitara a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, abrió una caja de Pandora con afectaciones a todo el país.
El tribunal resolvió que el juez federal es competente porque los recursos involucrados -según su criterio- conservan naturaleza federal aun después de ser transferidos al estado. Pero ojo, en el sistema de las finanzas públicas del país, “participaciones” no son “aportaciones” federales, son rubros muy distintos y distantes para utilizarse y fiscalizarse.
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua lanzó un posicionamiento este día que, leído con cuidado, es una advertencia institucional. Su argumento central es técnico pero contundente: el tribunal sustentó su decisión en normas aplicables a aportaciones federales (recursos etiquetados) y disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto, cuando el caso trata de participaciones federales, que son recursos de libre disposición. Es una diferencia constitucional, no es mera semántica.
Las participaciones, una vez transferidas, se integran al patrimonio estatal. Así funciona el sistema de coordinación fiscal. Así ha operado el federalismo financiero durante décadas. Confundirlas con aportaciones implica alterar el diseño mismo del federalismo fiscal.
Si el criterio se generaliza, podríamos estar ante un proceso de federalización indirecta de la competencia penal en materia de corrupción. Es decir, la intervención de la 4T para salvar a su senador Corral implicaría que la Auditoría Superior de la Federación se asumiera como única autoridad para fiscalizar participaciones federales, quitándole esas facultades a las auditorías de los estados y a las autoridades administrativas y ministeriales que sancionan a los corruptos.
Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no es una idea nueva. Es una bandera que lleva años ondeando en la agenda progresista, en sindicatos, en foros académicos y en discursos de campaña.
Ahora el Partido del Trabajo quiere convertirla en hecho de manera acelerada y sin cortapisas.
Desde el Poder Legislativo, el PT reiteró su compromiso con la clase trabajadora al sostener su postura como impulsor de la reforma que propone acortar la semana laboral en México sin reducir el salario. El argumento es claro: modernizar el marco laboral mexicano y alinearlo con estándares internacionales, atendiendo una demanda histórica de millones de trabajadores que buscan algo elemental: más tiempo para vivir.
Reducir la jornada significa tocar uno de los pilares del modelo laboral mexicano vigente desde hace décadas.
La jornada de 48 horas semanales ha sido norma, especialmente en sectores industriales y manufactureros, clave en estados como Chihuahua, donde la productividad se ha medido históricamente en horas-hombre.
El PT sostiene que la reducción será gradual. Ese matiz es clave.
La transición escalonada permitiría, según el planteamiento, que empresas y sectores productivos se adapten sin generar choques bruscos en costos o en competitividad.
La narrativa del partido es que no se trata de un capricho ideológico, sino de una medida de justicia social acompañada de racionalidad económica.
En el ámbito local, la dirigente estatal del PT, Tania Aguilar Gil, subrayó que la iniciativa es producto del diálogo entre sectores empresariales, sindicales y sociales.
Su mensaje es directo, en torno a la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral “más humano, más justo y más productivo”, cumpliendo con la clase trabajadora y fortaleciendo el bienestar familiar.
En un estado con una fuerte base obrera, el tema no es menor. La reducción de la jornada podría impactar directamente en miles de trabajadores de parques industriales en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Delicias.
También colocaría a las empresas ante la necesidad de reorganizar turnos, contratos y estructuras de producción.
La discusión formal se prevé en la Cámara de Diputados, donde el PT ha dejado claro que mantendrá firme su postura. El reto es legislativo y político. La reforma requiere consensos amplios y, sobre todo, una ruta de implementación que reduzca temores en el sector privado.
Bueno, no todo en la agenda pública son conflictos competenciales ni reformas laborales. A veces la política también se escribe con flores, anillos… y actas firmadas.
El pasado 14 de febrero, el municipio de Aquiles Serdán se convirtió en escenario de una celebración distinta: 54 parejas formalizaron su unión en las Bodas Colectivas 2026 organizadas por la alcaldesa Teresa Erives.
En pleno Día del Amor y la Amistad, la presidenta municipal asumió el papel de “cupido”, encabezando una ceremonia masiva donde el amor tuvo respaldo legal y el romanticismo vino acompañado de rifas y regalos.
Las bodas colectivas no son nuevas en México ni en Chihuahua, pero cada edición a lo largo y ancho del estado o del país tiene su respectiva carga simbólica.
Para muchas parejas, formalizar su unión implica algo más que un acto protocolario: acceso a derechos patrimoniales, seguridad jurídica para los hijos, posibilidad de afiliación a servicios de salud y estabilidad legal.
Es certeza, para resumirlo en una sola palabra. Y en términos sociales, es fortalecer el núcleo familiar como base comunitaria.
Ese fue el eje del mensaje de Teresa Erives: no se trata solo de celebrar el amor, sino de impulsar bienestar y estabilidad para las familias del municipio.
En municipios como Aquiles Serdán, este tipo de eventos cumplen también una función política clara, que es la de fortalecer la cercanía entre gobierno y comunidad.
Las bodas colectivas combinan política social con simbolismo, porque reducen costos a las parejas, generan cohesión y proyectan una administración que busca estar presente en momentos significativos de la vida cotidiana.
No es menor que la fecha haya sido el 14 de febrero. Hay un buen mensaje en eso, la de un gobierno que trata de mantenerse cercano a su gente, mediante la promoción sí del amor, pero con la debida certeza jurídica.
