Pues sabrá Dios qué tanto habrá de cantar “El Verín”, Salvador Humberto S.V., capo del Cártel de Sinaloa “dueño de todo Chihuahua”, detenido la semana pasada en un operativo de la Guardia Nacional, en apoyo al Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Delincuencia Organizada.
Las fuentes Acción en la Noticia nos informan que, tras su reclusión en el Cereso de Aquiles Serdán, puso el grito en el cielo el general Ricardo Fernández Acosta, jefe del sistema penitenciario estatal de Chihuahua, porque la sola presencia del también llamado “Señor de la V” representa un alto riesgo de choques y fricciones para las cárceles estatales más importantes, la de Juárez y la de la capital, por los enlaces criminales que existen tanto de la Gente Nueva como de La Línea del Cártel de Juárez.
Y es que “El Verín” tiene más enemigos que amigos en el Cereso Uno y en el resto de los penales de la entidad, pues todos los años en que fue el narco más poderoso de la ciudad de Chihuahua, se caracterizó por tener a cientos de policías en la nómina que no solo le ayudaban a mantener libres de problemas a sus vendedores de cristal distribuidos en las colonias, sino también a someter a los rivales.
Así que sabe mucho don Salvador Humberto de los bajos mundos criminales y, ya preso, igual puede cantar quiénes son sus superiores dentro de la Gente Nueva, quiénes son sus mayores enemigos y cuál es el modo de operar de cada uno.
De esta forma, debe haber hasta fila de presuntos delincuentes apuntados para “darle piso” o cuando menos una “cálida bienvenida” al Cereso de Aquiles Serdán, lo que representa un gran foco rojo para el sistema carcelario estatal.
Por ello, muy posiblemente la Secretaría de Seguridad ya le haya pedido a la Fiscalía General de la República que, cuando sea dictada su vinculación a proceso en los próximos días, solicite al juez federal que recluya al imputado en la prisión de alta seguridad, de los llamados Ceferesos que tiene el Gobierno por todo el país.
Lo mejor que puede pasar, dicen los custodios que conocen bien cómo funciona el “bisnes” en las cárceles, es que se lo lleven de Chihuahua, porque aquí no lo quieren los reos, no lo quieren los directivos y seguramente él tampoco lo ha de querer.
Mientras el diputado panista Saúl Mireles echa las campanas al vuelo porque supuestamente aparece al frente de todos los aspirantes a la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, también está en la antesala de un juicio civil por daño moral, derivado de una grave acusación de abuso sexual infantil contra su excuñado, Mario René E. B., que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) desestimó por “inexistencia de delito”.
La controversia, que ha resurgido con fuerza, no solo expone las presuntas acciones del legislador, sino que también arroja cuestionamientos sobre el uso de su influencia y el impacto de sus decisiones en la vida de terceros, justo cuando su nombre figura en encuestas como un fuerte contendiente para la alcaldía de Cuauhtémoc en 2027.
La historia, que se remonta a diciembre de 2018, cobró relevancia cuando Mario René E. B. denunció públicamente el calvario que ha vivido a raíz de la querella interpuesta por Mireles Corral ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. La acusación se basó en el argumento de que Mario René, por su condición de homosexual, habría “abusado” de su sobrino de cinco años al darle “besos chistosos”, una narrativa que, según documentos de la investigación, fue respaldada por la madre y hermana del diputado.
La supuesta confabulación familiar y las acciones que siguieron a la denuncia han generado serias interrogantes sobre la ética y el proceder del diputado Mireles. Mario René denunció públicamente que la acusación original, presentada en Cuauhtémoc, parecía estar “preparada” para formular imputación en su contra, sugiriendo una posible manipulación del proceso judicial en un entorno donde la influencia del legislador podría ser considerable. La decisión de trasladar el caso a Chihuahua, según el afectado, fue crucial para garantizar una investigación “más objetiva”.
Uno de los puntos más críticos de la investigación fue el descarte por parte del Ministerio Público de audios clave presentados por la familia del diputado, donde supuestamente el menor revelaba un abuso. El agente investigador concluyó que el menor fue interrogado por una persona sin “conocimiento en el manejo del tema sexual” y de manera “insidiosa”, y que las declaraciones posteriores del niño ante una psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) no acreditaban “elementos que integren el delito de abuso sexual”. Esta contradicción entre las pruebas aportadas por el diputado y los hallazgos de las autoridades judiciales plantea serias dudas sobre la veracidad y la intención detrás de la denuncia inicial.
A pesar de que el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en 2019, la vida de Mario René se vio drásticamente afectada. Enfrentó una profunda depresión que lo llevó a un intento de suicidio, así como problemas de salud graves, incluyendo crisis hipertensivas, necesidad de tratamientos cardiológicos, psiquiátricos y dermatológicos, todo ello asociado al estrés post-denuncia. Además, su desarrollo profesional se estancó al tener que abandonar su servicio social y retrasar su tesis para solventar los costos legales y médicos.
El juicio civil por daño moral, que se espera inicie en julio, no solo busca una disculpa pública por parte del diputado y su familia, sino también la garantía de tratamiento psicológico y de salud para Mario René, así como una indemnización.Sin embargo, la estrategia legal de la defensa del diputado y su familia ha añadido otra capa de incertidumbre al proceso.
Mario René ha expresado su preocupación de que existan “medidas dilatorias” para evadir responsabilidades. Un claro indicio, según él, fue la excusa de un juez que llevaba el caso en Cuauhtémoc, aduciendo “falta de capacidad”, lo que el afectado interpreta como un intento de transferir el proceso a un juzgador susceptible a presiones.
Asimismo, la presentación de un escrito por parte de la madre y hermana de Mireles solicitando protección como “personas vulnerables” —la madre por ser adulta mayor y la hermana por su género—, ha sido calificada por Mario René como una “falacia” y un intento de victimización, recordando que la denuncia original atropelló sus derechos al equiparar su sexualidad con un delito.
El hecho de que el diputado Saúl Mireles figure en encuestas recientes como el mejor posicionado para la candidatura a la presidencia municipal de Cuauhtémoc para el 2027, mientras enfrenta un juicio por una acusación de homofobia y presunto abuso de poder, genera un panorama de incertidumbre y cuestionamientos sobre su idoneidad para un cargo público.
El escándalo de La Barredora, que involucra al coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, podría llevarse entre las patas a la senadora Andrea Chávez, la más apuntalada de las mujeres de la 4T para ser candidata a la gubernatura en 2027.
La Presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, ya le puso el cascabel al gato al hacer un llamado urgente a las autoridades federales para investigar a fondo el posible financiamiento ilícito de la senadora morenista juarense, tras los indicios que vinculan el crimen organizado con el gobierno de López Hernpandez en Tabasco.
Álvarez recordó que, desde el mes de abril, existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la legisladora por al menos 15 delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, enfatizó que hechos recientes señalan una amenaza aún mayor, como la posible participación del crimen organizado.
Lo anterior tiene su base en que, con la declaración de prófugo de la justicia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, queda en entredicho de dónde sacó recursos Andrea Chávez para promoverse como candidata a la gubernatura de Chihuahua.
El exfuncionario de Adán Augusto ha sido acusado por la Fiscalía de Tabasco como presunto integrante del grupo criminal “La Barredora”, lo cual ha encendido las alarmas sobre posibles vínculos entre estructuras delictivas y MORENA.
¿Quién financia la operación política de Andrea Chávez? ¿Quién paga sus brigadas, sus espectaculares, sus giras? Nada de ello es casual ni gratuito. El riesgo es que dichos recursos provengan de redes criminales y la Senadora pretenda entregar Chihuahua al Cartel de Tabasco y al crimen organizado.
Así lo advierten desde los grupos panistas, quienes cuestionan, a “la Senadora de la corrupción”, negada a aclarar y a transparenciar de donde le llegó tanto dinero para hacer su campaña anticipada por Chihuahua, con el senador de Tabasco como su principal padrino.
