Con el fin de disminuir los privilegios y aumentar la participación ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan B de la reforma electoral, que implica cambios constitucionales para posibilitar la consulta de revocación de mandato en el tercero y cuarto años de gobierno, además de modificaciones legales que limiten el gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, lo que incluye topar sus salarios, al igual que el de dirigentes partidistas, para que no ganen más que ella.
Además, plantea fortalecer la fiscalización de los recursos de partidos políticos, con intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar su origen, si así lo solicita el INE, tras el rechazo a la propuesta de disminuir su presupuesto.
Mantiene que la elección del Poder Judicial se realice en la intermedia de 2027, pero con menos candidatos en las boletas, de manera que cada comité de candidatura –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– opte por un hombre y una mujer a partir de una mayor revisión de perfiles.
“Ese es en esencia el plan B. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos”, y que ningún presidente, secretario general, directivo de un partido político o regidor reciba ingresos extras, como bonos, gastos médicos y otros, señaló la mandataria.
Destacó que habrá tope de 0.7 por ciento del presupuesto estatal para congresos locales; se limita de siete a 15 el número de regidores, además de que va por una reducción progresiva hasta de 15 por ciento en el gasto del Senado.
Acentuar la austeridad republicana
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, resaltó que el principio fundamental de esta propuesta es disminuir los excesos en el ejercicio de la función pública y acentuar la austeridad republicana.
Detalló que las reformas a leyes secundarias abarcan siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para topar las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, tanto federales como estatales, y que el comienzo de los cómputos de la elección federal se dé a la llegada de la primera urna.
En el caso de la fiscalización de partidos y candidatos, se firmarán convenios con diversas autoridades y se utilizará tecnología.
El INE, precisó la Presidenta, “podrá firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda y con la UIF, en caso de que considere necesaria la revisión de alguna aportación a una campaña”.
En la Ley General de Partidos Políticos se proponen reformas para transparentar las remuneraciones de los dirigentes y que los institutos políticos reporten sus operaciones financieras en tiempo real mediante el sistema bancarizado, además de que el tope de remuneraciones en UMA también sea menor al salario de la Presidenta.
Asimismo, “prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas”, así como de dinero proveniente del extranjero y aportaciones en efectivo.
