Staff / Acción en la Noticia
Con el número 04 en la boleta para la elección de jueces penales, Saida Deborah Arellano Valencia asegura que se postuló a esta elección para luchar contra las injusticias que se cometen en el sistema judicial contra las víctimas e incluso contra las personas acusadas.
Con un enfoque en los derechos humanos, la licenciada Arellano plantea una justicia accesible y pronta, basada en la letra de la ley y en su interpretación jurídica, ofrecimiento que hace a los electores, con la autoridad moral que le brinda una carrera profesional que comenzó hace 25 años.
La abogada es originaria de Michoacán, pero tiene décadas ejerciendo profesionalmente en Chihuahua, como licenciada en leyes, con especialidad y maestría en derecho penal; otra maestría en derecho administrativo; así como especialidades en justicia integral para adolescentes; en la asesoría jurídica en el sistema de justicia penal acusatorio y un doctorado en género y derechos humanos recién concluido en 2023.
“Me postulé a esta candidatura porque he visto muchas injusticias y violaciones a derechos humanos hacia las víctimas y hacia los imputados. Mi objetivo es impartir justicia con autoridad moral, que garantice una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, basada en la letra y en la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta en los principios generales del derecho, sin que se privilegie cualquier otro interés”, dice la aspirante a juzgadora .
“No queremos un Poder Judicial ajeno a la ciudadanía, que no sienta ni vea el sufrimiento de las personas, que las vea como un expediente más”, afirma la abogada, en cuya trayectoria profesional, de acuerdo a lo asentado en la plataforma Conóceles del Instituto Estatal Electoral, ha laborado desde que era estudiante en áreas jurídicas, tanto en el Congreso del Estado de Michoacán como en otras entidades públicas y privadas.
Su currículum público establece que ha laborado como secretaria particular y asesora jurídica de diputados en su estado natal, por lo que conoce a profundidad el proceso de formación de las leyes y su aplicación.
Asímismo, ha sido auditora, abogada litigante en materias penal, civil y familiar, docente universitaria y funcionaria jurídica de la Subprocuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Estatal de Chihuahua, desde donde ha ejercido la defensa de los derechos humanos de la infancia; además de que ha fungido como asesora y secretaria particular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Actualmente, la abogada se desempeña como encargada de la Coordinación del Área Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, desde donde se ha postulado para ejercer el cargo de jueza en materia penal en este Distrito Judicial Morelos, al que pertenece la capital de Chihuahua.
