Diputados federales aprobaron en comisiones la nueva Ley General de Aguas, pese a advertencias de gobernadores y productores sobre posibles impactos económicos.
La iniciativa redefine reglas para concesiones, control de recursos y sanciones, lo que generó fricciones entre sectores agrícolas y el gobierno federal.
Organizaciones rurales argumentan que el modelo centraliza decisiones y debilita a los estados con mayor actividad agropecuaria.
El dictamen pasará al Pleno en próximos días, mientras grupos ciudadanos planean movilizaciones para intentar frenar su aprobación final.
