La decisión de anunciar la toma de la aduana del Puente Libre de Juárez este lunes no es un acto aislado, más bien representa la punta de lanza de un conflicto más profundo que hierve bajo la superficie del campo chihuahuense. Lo que está en juego no es solo el agua, sino también la dignidad de miles de productores que sienten que su futuro agrícola está siendo vulnerado por una nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los campesinos, agrupados en organizaciones como “Agricultores Unidos de Chihuahua” y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), no han improvisado esta protesta. Han venido advirtiendo sobre cierres de aduanas, puentes internacionales, carreteras e incluso bloqueos ferroviarios desde hace semanas.
¿Por qué esta radicalización? El detonador es la reforma del agua propuesta por el gobierno federal. Se trata de normas que, según los productores, despojaría a muchos de sus concesiones al impedir la transferencia de derechos entre particulares, consolidando un poder centralizado en Conagua.
Para los agricultores de Chihuahua, esa reforma no es técnica ni administrativa. Es más bien existencial. Las concesiones de agua no solo permiten regar sus tierras, sino que son parte de lo que da valor a sus terrenos. Si pierden el derecho al agua, sostienen, pierden también el sustento, el legado familiar y la viabilidad económica.
La estrategia de cerrar la Aduana cobra una dimensión simbólica y estratégica poderosa. Simbólica, porque se dirige directamente al comercio internacional: es un llamado al Gobierno federal para que entienda que la protesta campirana no es solo local, sino que puede tener costos en la frontera. Estratégica, porque los cruces fronterizos son puntos neurálgicos del comercio y cualquier bloqueo ahí es una señal de fuerza -y vulnerabilidad- para el Estado.
Además, este movimiento se articula con otras demandas del campo: no solo rechazan la ley del agua, sino que exigen precios justos para sus cosechas, una banca de desarrollo para el sector rural y que se excluyan ciertos granos básicos de los tratados comerciales como el T-MEC.
Si no hay rectificación de la 4T para sacar las reformas de Sheinbaum de forma hablada, negociada y dialogada con los productores, en Chihuahua puede empezar una rebelión de mayores dimensiones.
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Criticado hace unos meses por su estilo diferente como jefe policiaco, el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, parece haber encontrado la forma de acabar con las grillas internas que nunca faltan en la Policía Estatal: con jale.
Ya se ha apropiado del dicho “jale mata grilla” y bien que lo puso en práctica, pues igual aparece en Juárez que en Parral, en Guachochi, Chihuahua o Moris, dirigiendo operativos de contención y reacción ante la incesante violencia de nuestros tiempos.
Con poco más de medio año como subsecretario, Realivázquez Domínguez parece haber empezado a dar pasos firmes para entregar buenos resultados de la encomienda que le hicieron la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.
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Además de ser los alcaldes de las ciudades más importantes del estado, Cruz Pérez Cuéllar de Juárez y Marco Bonilla de Chihuahua, tienen en común el reto de mantener descansados los caballos en los que avanzan por la candidatura a gobernador de 2027.
Si fueran arrancones ya habrían ganado al menos las postulaciones en sus respectivos partidos políticos, pero como la carrera es de fondo, ambos también tienen el desafío de mantenerse por encima en las preferencias electorales de los chihuahuenses, como lo han hecho hasta la fecha.
Deben saber que cualquier error se paga caro. Lo han padecido, lo han entendido y han corregido cuando ha sido necesario.
El juarense avanza con pies de plomo en las procelosas aguas de Morena, donde sus rivales aparecen casi despintados, salvo por la senadora Andrea Chávez, que con todo el escándalo de La Barredora, de su principal patrocinador, Adán Augusto López, pretende competir por la candidatura.
El chihuahuense enfrenta, por su parte, las grillas internas del PAN que pretenden meterle cuñas, hombres o mujeres, que le hagan sombra en su carrera por 2027, pero no ha caído en provocaciones y cada vez son menos los panistas que ven como algo posible que no sea su candidato a gobernador.
Sin embargo, es carrera de fondo, de resistencia, vale la pena insistir.
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Sin prisas, pero sin detenerse, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, avanza en las encuestas de preferencias electorales sobre los aspirantes del PAN a la Presidencia Municipal de la capital.
Cuando antes aparecía en un lejano tercer lugar, debajo del fiscal César Jáuregui y la diputada federal Manque Granados, ahora está muy cerca de la legisladora, prácticamente en empate técnico por el margen de error; y ella, a su vez, parece también en empate con el que se presume como el favorito de Palacio de Gobierno, nomás por llevar las riendas de la Fiscalía General del Estado, que no puede presumir así como de muchos resultados en materia de seguridad y justicia.
El contexto de la batalla interna del PAN es relevante porque la mujer es legisladora, con la mayor parte de su tiempo dedicado a la Cámara de Diputados, donde nadie sabe qué hace o qué legisla; el fiscal, por su parte, tiene en contra la carga de una dependencia de conflicto que sí bien técnicamente puede considerarse con un buen papel, es casi imposible que eso lo entienda la gente que vive entre los balazos y las masacres, entre las ejecuciones, los robos y otros delitos de un crimen imparable.
Por su parte, el secretario es el rostro social del Gobierno del Estado, el que da la cara en uno de los sectores que mayor rezago enfrentaba en administraciones pasadas y ahora comienza a brillar por avances en el combate a la pobreza en la que vive una parte de la población.
En esta carrera de las encuestas, de continuar esta tendencia, no hay que ser mago para adivinar cuál será la trayectoria de esos tres proyectos políticos que destacan en el PAN.
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