Desconocemos el contexto de un breve intercambio de mensajes entre los que suponemos son dos militantes de Morena, pero en unas cuantas palabras mostraron un detalle revelador sobre la senadora juarense Andrea Chávez Treviño y su proyecto por la gubernatura de Chihuahua.
“Por algo no hay fotos de mi Andreita con Corral. Fushi, guácala, diría cabecita de algodón”, dice un primer mensaje de los que se muestran en la captura de pantalla que mostramos en Acción en la Noticia. Es, al parecer, en respuesta a alguna pregunta o complemento de un comentario previo en esa conversación que, nos aseguran, no es vieja, es de los últimos días.
“Googleala y verás y si encuentras una me dices. Pero no hay, no hay, no hay ni en redes, supongo ella se cuida mucho y si algo sabe hacer es revisar como va a salir en cualquier post o video”, agrega el mensaje inicial, al menos el que puede observarse en el pantallazo.
“Pues no he encontrado ninguna… A pesar de que ese señor dice que es uno de sus grandes asesores para la gubernatura”, responde el interlocutor -o interlocutora- que habría iniciado la charla.
“¿Y por qué no presume él mismo una foto con ella? Porque no tiene o tiene prohibido hacerlo tal vez… En fin si encuentras una me la pasas!”, remata el otro participante, que aparenta tener cercanía con la legisladora morenista o al menos conocer algunas de sus estrategias de imagen.
El dato viene a cuento a raíz de varios mensajes de apoyo de parte de Javier Corral a la senadora juarense, en redes y los medios de comunicación que manejan desde su oficina. Más que apoyo son un lastre al provenir de un exgobernador acusado de corrupción escudado en el fuero, tras vender su dignidad a quienes, desde la 4T, lo arroparon porque no sabían de su calidad de desecho político.
Supuestamente, Corral Jurado se asume como uno de los consejeros, amigos y estrategas de Chávez Treviño, papel en la que secundó al excoordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, al decir que la senadora es la aspirante mejor posicionada en Chihuahua y puede ser gobernadora.
Aunque no son mentiras las que dijo el exmandatario, por más interpretaciones que puedan tener los morenistas, el hecho de que salgan de la boca de Corral los halagos para Andrea poco o nada le benefician.
Tal vez por eso es que, en efecto, no hay fotos en redes sociales ni en buscadores donde salgan juntos, a pesar de que ambos tienen imágenes y videos sobreexpuestos con muchos de sus compañeros, con los que conviven casi a diario en el Senado. Parece ser un buen cálculo de la senadora que acaba de hacer público su embarazo.
La salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública es, fuera del montón de especulaciones e interpretaciones, el cuarto manotazo que da la presidenta Claudia Sheinbaum al equipo que le heredó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Si alcanza a incluirse como parte de una fractura mayor en la 4T es una de las muchas consideraciones que pueden hacerse sobre el tema, pero fríamente -coinciden algunos observadores del morenismo local- es una decisión presidencial que sacude al obradorismo incrustado en la administración federal por razones naturales.
El primer manotazo fue a finales de noviembre, con la forzada renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, posición en la que entró Ernestina Godoy, procuradora y fiscal de la Ciudad de México con Sheinbaum, de quien también fue su primera consejera jurídica ya como presidenta.
El segundo fue la destitución del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, a finales de enero. El funcionario había sido impuesto por López Obrador desde 2021 y se había mantenido en el cargo a contracorriente, con señalamientos de acoso y hasta de operar contra la casa desde ese centro público de investigación.
El tercero fue la dimisión, también forzada, de Adán Augusto López como coordinador de los senadores morenistas, al comenzar el periodo ordinario de sesiones del Legislativo Federal el primer día de este mes, en una de las más claras señales de choque entre los intereses pasados y actuales de la 4T.
Por ello, desde aquí ven como el cuarto episodio de confrontación el protagonizado por el también investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien hasta se atrincheró en su oficina en espera de que le alcanzara la protección de la esposa del expresidente, Beatriz Gutiérrez Müller.
Ya no hubo boletín ni aplausos autogenerados del fiscal Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, para avisar que el aseguramiento de un inmueble en Tepoztlán -propiedad de un contador ligado al exgobernador Javier Corral- se le cayó de las manos.
En septiembre del año pasado, Valenzuela presumió que había logrado asegurar una hacienda de lujo en ese pueblo mágico del estado de Morelos, hasta donde el largo brazo de la ley de Chihuahua había alcanzado la propiedad del contador Pedro López Elías, acusado, junto con Corral y su extesorero, Arturo Fuentes Vélez, de peculado por 98.6 millones de pesos.
La propiedad de alto nivel tiene oficinas, piscina, canchas de tenis y biblioteca. Es presentado en redes como un complejo cultural financiado por el dueño del despacho de la capital del país que presuntamente cobró sin trabajar durante el gobierno de Corral Jurado, en la fracasada reestructuración de la deuda pública estatal.
Con López Elías declarado prófugo de la justicia estatal, “El Bayo” se las ingenió para lograr ese aseguramiento, que se limitó a ponerle sellos en todos sus accesos y a anotarle el conflicto en el Registro Público de la Propiedad, a fin de evitar cualquier transacción con el inmueble.
El fiscal, como acostumbra, lo presumió como un gran triunfo jurídico, en medio de la muy clara evidencia de que no ha podido (o no ha querido) detener a los corralistas cuando ha tenido las oportunidades de hacerlo.
Pues bien, a casi medio año del aseguramiento, nos reportan desde ese paraíso primaveral del centro del país que alguna resolución en contra de la Fiscalía Anticorrupción debe haber asustado a “El Bayo”, quien debió ordenar el retiro de los sellos y desistir de la acción ministerial. Pero ahora fue en lo oscurito, sin boletines ni fanfarrias.
Al senador morenista Javier Corral lo ha protegido el fuero desde septiembre de 2024 a la fecha, pero antes la Fiscalía de “El Bayo” no quiso o no pudo con él; Fuentes Vélez no tiene fuero, pero igual no ha logrado alcanzarlo; y el contador especialista en deuda pública hasta prófugo logra recuperar sus bienes.
Parece que la instancia estatal tiene todo, presupuesto, personal, recursos que le alcanzan hasta para operar extraterritorialmente, pero no una dentadura eficaz.
La alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, denunció públicamente al secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, por faltarle al respeto a su investidura, llamándola “comadre” en alguna reunión donde fue abordada la polémica añeja por la desaparición de la Policía Municipal.
En sesión de cabildo, además, la presidenta municipal acusó que Loya Chávez ha frenado sistemáticamente la creación de la corporación local de seguridad pública, luego de que la SSPE intervino en el municipio durante la gestión de la antecesora de Escárcega, Cynthia Ceballos, para diluirla y asumir el mando en ese territorio.
“Hago responsable a Gilberto Loya de lo que pudiera pasarme a mí, a mi familia o a cualquier miembro de este ayuntamiento, y de la misma manera en que me he dirigido siempre con respeto hacia su persona, exige que se refiera a mí con el mismo respeto…”, indicó la alcaldesa.
El tema ha desatado una polémica en redes porque, mientras Loya Chávez seguido se queja de que la Secretaría de Seguridad Estatal debe suplir a policías locales de unos 15 municipios, Nuevo Casas Grandes ha intentado durante años conformar su corporación nuevamente, con elementos más capacitados e incluso certificados por las propias autoridades estatales.
Al tiempo, los policías estatales enviados al municipio, según los reclamos de la presidenta, no han hecho otra cosa más que cometer abusos, sembrar miedo y generar desconfianza, de la misma forma que el secretario lo hace al descalificar y bloquear a la alcaldesa.
Escárcega Escontrías tampoco se salva de señalamientos, como se ha visto por las reacciones que el pleito ha desatado. A ella la acusan de que “quiere que regrese a malandreada”, pues lamentablemente los agentes municipales fueron desarmados y algunos hasta procesados por sus nexos con el crimen organizado.
Mientras se enfrascan en pleitos la alcaldesa del PT y el funcionario estatal con aspiraciones políticas, en la región siguen las desapariciones al alza, no hay orden vial, sobran los señalamientos de extorsiones de los policías y la delincuencia, suponemos, opera a sus anchas con total impunidad.
