COLUMNA de Acción en la Noticia
El Escribiente:
Lejos de proyectar una buena imagen a la sociedad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aparece como una de las dependencias más quemadas de la administración pública; cómo no, si el secretario titular, Gilberto Loya Chávez, no ha hecho otra cosa más que rodearse de ineptos para el manejo de la comunicación y la difusión de los logros que, suponemos, sí existen, pero son enterrados en una burocracia anquilosada y obsoleta, la más deficiente de entre todas las instancias gubernamentales.
Para nadie es desconocido el daño que le han hecho a Loya personajes de los medios de comunicación que hoy están del otro lado del escritorio, sin dar el ancho para la responsabilidad que les asignaron y, por el contrario, metidos más en sus negocios particulares que en dar el servicio para el que fueron contratados.
En el aparato de comunicación de la SSPE aparecen, formal o informalmente, Edgar Prado Calahorra, Jorge Armendáriz, Óscar Piñón y Francisco Antonio Garfio, quienes entorpecen la buena marcha de la SSPE y el trabajo de los medios de comunicación, además de que se llenan las carteras con supuestas acciones que ni en sueños le habrían de redituar electoralmente al secretario Loya.
Uno de esos personajes y otro outsider, Edgar Prado y Manuel Cano, han sido señalados directamente en redes en los últimos días, como creadores y operadores de una red de corrupción y amedrentamiento a nombre de Loya Chávez, llevándose entre las patas la buena imagen que mantiene la gobernadora, Maru Campos.
“Manuel Cano y Edgar Prado están siendo acusados de operar redes de corrupción y amedrentamiento, usando el nombre de la gobernadora Maru Campos para presionar a funcionarios y obtener contratos públicos”, dice una de las publicaciones digitales.
“Además, se les vincula con prácticas de financiamiento oscuro para la campaña de Gilberto Loya y con actos de corrupción en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mientras tanto, el gobierno estatal guarda silencio.
¿Hasta cuándo se permitirá que la corrupción siga manchando las instituciones públicas de Chihuahua?”, asienta.
Este es solo un botón de muestra de lo que circula en las redes, pero además de esa mancha de corrupción existe la señal clara de incompetencia de parte de estos personajes que manejan la “comunicación” de la SSPE, aunque en realidad nada comunican, pues se limitan a reaccionar de forma tardía a las crisis que todos los días se presentan en materia de seguridad.
¿Hasta cuándo se tolerará tanta corrupción y también tanta ineficiencia? Es lo que, desde aquí, nos preguntamos.
El quinto ataque con drones desde diciembre pasado, en la misma zona entre la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y Baborigame, se presentó el pasado viernes, en contra de una de las células BOI compuestas por el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.
El ataque dejó a tres policías estatales heridos, dos preventivos de la SSPE y una ministerial de la FGE, de nuevo sin detenidos y sin una respuesta contundente de parte de las autoridades.
Qué pueden esperar los agentes desplegados en aquellas localidades apartadas, si hasta el mismo general comandante de la 42 Zona Militar, Jorge Gutiérrez, fue atacado desde el aire por uno de esos dispositivos cargado de explosivos, justo días después de que otro grupo del mismo Cártel de Sinaloa, que domina la región sur, mató a un coronel de la Guardia Nacional en el municipio de Villa Coronado.
Previamente, un soldado había fallecido en esos ataques y otros tantos agentes estatales habían sido heridos, además de que sus patrullas habían sido dañadas con los explosivos.
Hemos visto recientemente que el personal militar carga rifles antidrones, una tecnología que detecta dispositivos en el aire y los interviene, con capacidad para regresarlos al sitio desde donde son manejados, o bien, controlarlos para ser decomisados.
Sin embargo, esos rifles especiales han sido vistos solo en las ciudades y en eventos oficiales donde hay mandos militares, pero también se requieren en las zonas de la sierra donde ha sido comprobado ese modo de operación criminal.
Ojalá que los mandos del Ejército, que hasta ahora son los únicos que han adquirido estos rifles, piensen en sus tropas y en sus instancias colaboradoras, como la Guardia Nacional, la SSPE y la FGE, para que en esos despliegues en la zona más roja de Chihuahua, también sean utilizados estos dispositivos, que ya han ocasionado hasta muertos y daños cuantiosos a los recursos de seguridad federales y estatales.
En los corrillos políticos de la capital, entre el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, no hablan de otra cosa más que de la irrupción, no sorpresiva pero sí muy eficiente, del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, en la carrera por la candidatura del PAN a la Alcaldía.
Mientras los grupos internos de Acción Nacional se reacomodan, sin rebasar el liderazgo de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla, dicen que los sondeos confiables más recientes hicieron repuntar a Loera por sobre los demás aspirantes, en tan solo unos cuantos días de una promoción especial de su nombre, su gestión como secretario y sus naturales aspiraciones políticas.
El fiscal general, César Jáuregui; la diputada federal Manque Granados y el coordinador de los diputados estatales del PAN, Alfredo Chávez, quedaron un tanto minimizados con el lanzamiento del secretario, el rostro joven de la administración estatal, aunque experimentado en los terrenos electorales, como coordinador de varios proyectos ganadores, incluído el de Bonilla.
Más allá de la imagen que ha comenzado a proyectar, el joven secretario trae como carta de presentación varias campañas exitosas y buena parte de las estrategias azules pasadas y recientes, para penetrar en la ciudadanía.
Es más, hay quienes aseguran que Loera es uno de los cerebros del plan de “Chalecos Azules”, con el que el PAN pretende llegar con la población, a ponerse a las órdenes y recuperar terreno entre el electorado, nomás que ahora quiene ir a la cabeza de un proyecto.
Así que, por ahora, pegó con fuerza su nombre en esa carrerita de resistencia, de la que ya tomó la delantera.
El fin de semana, fue dado a conocer el fallecimiento de una paciente en la clínica Diet Center, especializada en tratamientos estéticos y ubicada en Haciend del Carrizal y lateral del periférico De la Juventud.
Es una mujer residente del estado vecino de Texas, entidad de donde muchos ciudadanos vienen a México, a Chihuahua o Juárez en específico, a realizarse procedimientos médicos o estéticos, a un mucho mejor precio que en Estados Unidos y con la supuesta misma calidad.
Pero este caso enciende las alertas para ese turismo médico, pues hay toda una generación de doctores egresados de un curso patito del Hospital Central de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que no está avalado por los profesionales de la cirugía plástica, estética y reconstructiva del estado y del país.
En este caso está señalado el doctor Jorge Muñoz como el cirujano al que se le murió otra paciente, una más a una cuenta de cuatro, de las que existen registros públicos; pero hay otros más detrás: el doctor Jonathan Ledezma y el doctor Miguel Ángel Salgado, entre otros especialistas patito del curso que dirige Humberto Baeza Ramos, todos integrantes de una falsa y fraudulenta especialidad reprobada por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
El secretario de Salud, Gilberto Baeza y el rector de la UACH, Luis Rivera Campos, incurren en gravísima irresponsabilidad, al haber sido tan permisivos por casi una década, desde 2017, con el curso patito que no cuenta con aval siquiera de la Secretaría de Educación Pública y menos de los especialistas verdaderos.
