Dos voceros municipales, o empleados de la Presidencia Municipal de Chihuahua, son un claro ejemplo de lo que no debe hacerse cuando se tiene la delicada tarea de cuidar la imagen institucional y política de quienes encabezan el gobierno.
El primer caso es el de Mareyra Carreón, segundona de Ignacio “Nachito” Dávila en Comunicación Social del alcalde Marco Bonilla, pues se ha encargado de encapsular al presidente municipal y aislarlo de los medios informativos con los que él mismo pretende tener mayor cercanía.
La agenda, las fobias y las filias de la funcionaria parecen ser las que se le imponen al alcalde, quien hace por su cuenta compromisos para atender a los medios, pero al final el área de Comunicación Social entorpece los objetivos del mismo presidente municipal.
Huecos en la imagen del alcalde y de la alcaldía capitalina bien pueden explicarse en ese encapsulamiento de Bonilla Mendoza, quien tiene todo el interés, la necesidad y la disposición de comunicarse con todas las audiencias, pero sus incompetentes auxiliares le echan por la borda los esfuerzos en ese sentido.
Otro caso que sirve de ejemplo de incompetencia es el responsable de la comunicación e imagen de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Jesús “Chuyito Godínez” Reyes, quien hace lo mismo que Mareyra: deslucir por completo el trabajo municipal.
En similares circunstacias, por eso, está el jefe de la Policía Municipal, el comisario Julio César Salas, quien también debe tejer de día lo que desteje “Chuyito Godínez” en las noches, haciéndole quedar mal no solo a su jefe directo, sino a toda la institución.
El trato a los medios por parte de los tóxicos e incompetentes voceros es una pésima señal del rumbo del proyecto político de la administración municipal.
Si así tratan a los medios, que pueden quejarse y exhibir la negligencia burocrática de los funcionarios, ¿cómo tratarán al resto de los ciudadanos que no disponen de una plataforma mediática para reclamar?
***
El arribo de nuevas facciones de los grupos criminales a Chihuahua son peligrosas señales de riesgo para la seguridad del estado, pero especialmente son una amenaza latente para la ciudad criminal en que está convertido el Cereso de Aquiles Serdán, donde diariamente miles de delincuentes deben convivir, mientras retan a la autoridad para gobernar el penal.
Los custudios bien conocedores del autogobierno y las negociaciones con el bajo mundo criminal reportan que hoy por hoy es una bomba a punto de explotar la prisión ubicada en los límites de la capital y el viejo San Guillermo.
Si bien casi todos los grupos están alineados al Cártel de Sinaloa o al Cártel de Juárez, las dos mega estructuras criminales asentadas en Chihuahua, hay nuevas facciones entre esos mismos, que pelean por el control de los módulos en los que están separados unos de otros.
No fue gratuita esa quemazón vista desde lejos con origen en los patios de Aquiles Serdán. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se hizo la occisa, como si no pasara nada, dicen que fue una quema de basura y desechos no ordenada, desde luego, por los mandos oficiales del penal, sino por cuenta de esos reclusos de alto perfil que gobiernan gran parte de la prisión.
Esas señales de humo desde el Cereso son más elementos que prueban las condiciones críticas existentes en el penal, mientras el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, anda encampañado por una imaginaria candidatura del PAN y el subsecretario del Sistema Penitenciario, el general retirado Ricardo Fernández Acosta, nada de muertito.
***
Había dicho la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, que no haría una limpia ni correría a trabajadores del Poder Judicial una vez que fueran instalados los nuevos jueces y magistrados producto de la elección del pasado mes de junio.
Pero mintió, sin lugar a dudas, pues desde la semana pasada comenzaron los despidos y liquidaciones sin explicación alguna.
Dicen que van alrededor de 100 despidos, la mayor parte en Chihuahua capital y en segundo lugar en Ciudad Juárez, en menos de un mes que comenzaron a “trabajar” los jueces del pueblo, en medio de retorcidos intereses políticos por los que de por sí nadie cree en la justicia.
Las plazas que está vaciando la magistrada presidenta corresponden a las que dependen directamente de ella y, además, está haciéndole favores y cumpliéndoles caprichos a otros magistrados, con el fin de tenerlos en su lado para la hora de que deban votar asuntos en el pleno del TSJE.
Desde luego que importan los proyectos de vida profesional truncados de esos empleados operadores del aparato de justicia, pero es más preocupante la recomposición política que vemos el contaminado tribunal, que tiene a los peorcitos ejemplos de injusticia impuestos como jueces y magistrados. Ya veremos cada escándalo que habrán de protagonizar.
***
*–Encapsulan a Bonilla tóxicos e incompetentes voceros*
*–Amenazas y señales de peligro en el Cereso*
*–Pasan la barredora por el Poder Judicial del Estado*
