Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, fue absuelto de un proceso por el delito de secuestro, luego de que una jueza federal determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) eran insuficientes para acreditar su responsabilidad en un caso ocurrido en 1997.
La resolución fue emitida por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien concluyó que no existían elementos probatorios sólidos ni una imputación directa que vinculara al acusado con los hechos, pese a que una de las víctimas lo identificó tras su captura en 1998.
En el mismo fallo, la autoridad judicial consideró compurgada la única condena reconocida en ese expediente —ocho años de prisión por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada—, por lo que ordenó su liberación en esa causa penal. No obstante, Arizmendi no recuperará su libertad, ya que enfrenta otras sentencias acumuladas por delitos de secuestro y delincuencia organizada, las cuales lo mantienen recluido tras 27 años en prisión.
El caso ha generado polémica al reavivar el debate sobre las deficiencias en la integración de averiguaciones previas en procesos emblemáticos de los años noventa, así como sobre la capacidad del sistema de justicia para sostener acusaciones en delitos de alto impacto. Aunque la absolución no implica su salida de prisión, la resolución expone fallas estructurales que siguen teniendo efectos décadas después.
