El fin de semana reapareció un viejo recurso en la ciudad: pintas con narcomensajes, acusaciones lanzadas en muros como parte de la guerra de balas, rumores y propaganda que los grupos criminales libran todos los días en Chihuahua. Nada nuevo, en apariencia.
Los textos, apenas legibles en bardas señalaban directamente a dos agentes de la Policía Estatal: Javier Maximino y Núñez Gil. Los acusaban de vender “cristal rojo” y de extorsionar en la capital. La firma, supuestamente, era de “La Empresa”, un nombre ya conocido en el mapa criminal de la entidad.
Hasta ahí, el guion habitual: delincuentes acusando a policías en medio de una guerra sucia donde todo vale. Sin embargo, quienes conocen los hilos internos de las corporaciones de seguridad, de todos los niveles, advierten que detrás de estas pintas hay algo más turbio. Algo peor.
Porque no se trata solo de una acusación lanzada al aire. Las pintas, dicen, parecen tener otra intención: exhibir, marcar y poner en riesgo a dos elementos que no son precisamente peces gordos dentro de la corporación. Y eso cambia por completo la lectura.
Que la infiltración criminal en las policías es una realidad ampliamente documentada no está en discusión. Pero este señalamiento específico tiene más la forma de un “poli-narcomensaje” que de una advertencia criminal tradicional. Es decir, un mensaje diseñado, ejecutado y colocado desde dentro de la propia Policía Estatal, utilizando la firma de un grupo criminal como coartada.
Los antecedentes recientes no ayudan a disipar la sospecha. Por el contrario, la refuerzan.
En ese contexto, el nombre que surge es el de Jonathan Hernández, actual mando de turno de la corporación en la capital. Hernández —mejor conocido como “El Guacho”— aparece como el presunto responsable de haber ordenado las pintas en puntos donde difícilmente alguien ajeno a la corporación podría actuar sin contratiempos.
“El Guacho” no es un personaje menor ni desconocido dentro de la Policía Estatal. Su nombre ha sido ampliamente cuestionado entre sus propios compañeros desde el pasado mes de agosto, cuando fue señalado como el responsable de una fricción indebida con una célula criminal que opera entre Guadalupe y Calvo y Balleza.
De acuerdo con versiones que circularon profusamente en las filas policiacas, Hernández habría extorsionado a gente cercana a Ventura Corral, alias “El 35”, un líder criminal de aquella región. La respuesta no se hizo esperar.
Días después, una decena de policías estatales fue capturada, desarmada, golpeada y “tableada” por hombres armados, para luego ser regresada a Chihuahua aterrada, humillada y viva de milagro. Un mensaje claro: la factura de una mala decisión.
Hernández, casualmente, no iba en ese grupo. La agresión fue para otros. Y lejos de asumir responsabilidades, semanas después del incidente fue nombrado jefe de turno en la capital del estado, una decisión que muchos dentro de la corporación interpretaron como protección, no como reconocimiento.
Ahora, para colmo, las pistas sobre las narcopintas apuntan a que él mismo habría ordenado su elaboración, esta vez en contra de sus propios compañeros. Un movimiento que, de confirmarse, no sería ninguna novedad para quienes conocen su historial.
Si ya se atrevió a poner a policías estatales en riesgo en el despoblado, ¿qué más da simular que un cártel acusa a dos agentes de delitos graves? El resultado es el mismo: dejarlos expuestos, marcados, bajo sospecha, listos para ser entregados a Asuntos Internos… o algo peor.
En una corporación corroída por desconfianza, estos mensajes no solo manchan muros. Si vienen desde dentro, también terminan de romper lo poco que queda de lealtad, mando y autoridad.
Con una despensa, 200 pesos en efectivo, varios kilos de menudo o una pierna de cerdo para la cena de Navidad fue como convencieron a cientos de personas, durante los últimos días de diciembre, para asistir a asambleas “oficiales” de un partido político en proceso de formación: el llamado MURO, Movimiento Único de Renovación Opositora.
La escena fue repetida en distintas colonias del norte de la ciudad, desde la 20 Aniversario hasta Riberas de Sacramento. A los vecinos los movilizaron con promesas concretas, atractivas para bolsillos vacíos en temporada decembrina, y los llevaron a reuniones que, en el papel, debían servir para cumplir con uno de los requisitos del Instituto Nacional Electoral: la validación de asambleas distritales para legitimar el nacimiento de nuevos partidos políticos.
Una de esas reuniones se realizó el sábado 9 de diciembre, en un salón ubicado frente al bar Pistoleros, cerca de la unidad deportiva José “Pistolas” Meneses. Ahí, a decenas de personas las mantuvieron desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con la esperanza intacta de recibir los apoyos prometidos.
Durante horas, los asistentes entregaron copias de su credencial de elector, proporcionaron todos sus datos personales y recibieron instrucciones precisas sobre qué responder en caso de que los supervisores del INE les preguntaran por qué estaban ahí. Respuestas prefabricadas, ensayadas, diseñadas para simular convicción política donde solo había necesidad.
De manera discreta, casi clandestina, por mensajes de WhatsApp, les ofrecieron la luna y las estrellas a cambio de aguantar el teatro de una asamblea constitutiva. Según los testimonios que han llegado a GPS, algunas de las personas que se presentaron como organizadoras se identificaron como Noé Grijalva y Brenda López.
El evento transcurrió entre el acarreo evidente y el engaño descarado —todo menos evidente para los ojos del INE— y al final vino la estocada. Les dijeron que a las siete de la tarde recibirían el dinero, la despensa y el tan anunciado menudo o la pierna ahumada. Las horas pasaron. No llegó nada.
A las personas las regresaron a sus casas con las manos vacías y una nueva promesa: que antes de las once de la noche les llevarían los apoyos directamente a sus domicilios, así como habían ido por ellos para “invitarlos” a participar. Nunca llegaron.
Lo que sí se llevaron fue la información personal, las imágenes de las credenciales de elector y la constancia de una asamblea que, muy probablemente, fue validada por el INE sin mayor objeción. Una asamblea basada en la simulación, la mentira y el aprovechamiento de la necesidad.
Así, el MURO —un partido que muchos de los asistentes ni siquiera saben que integran— levantó números, cumplió requisitos y avanzó en el trámite para convertirse en una nueva fuerza política. Todo a costa de ciudadanos que jamás recibieron lo prometido y que, quizá, nunca imaginaron que su pobreza sería usada como moneda de cambio para fabricar democracia de papel.
Antes de tomar unos días de descanso, el martes pasado al mediodía, la gobernadora Maru Campos reunió en Palacio de Gobierno a buena parte de su gabinete y colaboradores cercanos. El pretexto fue un agradecimiento de fin de año; el fondo, mandar señales rumbo a 2026.
El mensaje fue breve, medido y sin estridencias, acorde con la temporada navideña. No hubo grandes anuncios ni definiciones políticas contundentes. Pero sí una garantía que no pasó desapercibida: no habrá cambios en el gabinete, salvo que alguno de los presentes decida abandonar el barco para perseguir un proyecto político personal.
Dicho de otro modo, la gobernadora ofreció estabilidad interna en un momento en el que afuera arrecian las críticas, las presiones presupuestales y la incertidumbre sobre el cierre financiero del sexenio. Un mensaje pensado más para su equipo que para la opinión pública.
Campos Galván se dejó flanquear por dos figuras clave del círculo de Palacio: el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, y el fiscal general del Estado, César Jáuregui. Ambos fueron especialmente reconocidos. El primero, por haber logrado sacar adelante el Paquete Económico 2026 en medio de tensiones políticas y cuestionamientos técnicos; el segundo, por cargar con la siempre incómoda responsabilidad de la seguridad en una entidad marcada por la violencia persistente.
El acomodo no fue casual. En política, quién aparece a los lados dice tanto como lo que se dice al micrófono. Hacienda y Fiscalía, los dos pilares que hoy sostienen el discurso de gobernabilidad del Ejecutivo.
Más elocuentes, sin embargo, fueron las ausencias. Ni el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, ni el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, estuvieron presentes. Ambos se fueron de vacaciones antes de la convocatoria, según comentaron algunos de los asistentes. Ausencias que, en un evento de este tipo, no pasan inadvertidas y que alimentan lecturas, especulaciones y murmullos en los pasillos.
Sobre todo tratándose de dos áreas sensibles: la operación política y la seguridad pública. Justo las dos que más presión enfrentan y más cuestionamientos acumulan.
Entre los presentes, hubo de todo. Desde funcionarios puntuales y discretos, hasta quienes parecían más preocupados por llamar la atención que por el mensaje de fondo. El secretario de Turismo, Edibray Gómez, por ejemplo, no pasó desapercibido con un atuendo de camisa y pañuelo rosa que quedó registrado en video y circula en la edición digital de GPS. Detalles menores, quizá, pero reveladores del ambiente.
También destacaron figuras del gabinete social y administrativo: la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Educación, Hugo Gutiérrez; el de Salud, Gilberto Baeza; Rafael Loera, de Desarrollo Humano y Bien Común; Gabriel Valdés, de Desarrollo Urbano; José Luis Martínez, de Comunicación; Alejandra Enríquez, de Cultura, y Mauro Parada, de Desarrollo Rural.
Antes de retirarse, la gobernadora se despidió de abrazo en abrazo y, según nos cuentan, a algunos les dejó tarea. Planeación, prioridades de inversión y trabajo fino para arrancar el año con mensajes claros frente al debate que ha dominado las últimas semanas: las proyecciones de ingreso, el gasto estatal y la viabilidad financiera de lo que resta del sexenio.
En suma, más que un brindis navideño, fue una reunión para cerrar filas, marcar jerarquías y enviar un aviso interno: el equipo se queda, los movimientos se congelan y el 2026 se enfrenta con los mismos jugadores… aunque no todos aparezcan en la foto.
Por cierto, Maru Campos no les dio descanso a los secretarios de Hacienda y Obras Públicas, José de Jesús Granillo y Jorge Chánez Peña, pues les dejó de tarea delinear montos y planes de trabajo para Ciudad Juárez, para ponerlos en marcha en cuanto comience el año.
Dicen en Palacio de Gobierno que estos días en que baja la actividad pública, ambos secretarios deberán avanzar en la planeación de la oferta con la que la jefa del Ejecutivo y sus colaboradores vendrán a reunirse con empresarios y líderes de sectores sociales, con el fin de revisar cuáles son las propuestas de infraestructura vial y otras obras para desarrollar en la ciudad.
Campos Galván, en la visita del pasado viernes, hizo el compromiso de que los “chihuahuitas” no iban a decidir en qué gastaría el presupuesto estatal en Juárez, sino que los proyectos serían definidos aquí mismo, apartados de cualquier visión e interés centralista.
Por lo tanto, Granillo y Chánez tienen la encomienza de consultar, atender, reunirse y escuchar a los sectores de la frontera, como parte obligada del proceso de planeación de las inversiones públicas estatales.
Hasta ahora, lo único definido como prioridad es el Centro de Convenciones, para que el que habrá de fondear el fideicomiso y correrá por una ruta específica. Sin embargo, falta un intenso trabajo de análisis y consenso para la definición de otros proyectos, principalmente de nuevas vialidades o mejoramiento de las actuales, para hacer más eficiente la circulación vehicular y fortalecer la conectividad urbana.
