POR EL ESCRIBIENTE…
Es imposible no relacionar la desaparición del joven Héctor del Castillo Díaz, conductor de DiDi del que su familia no tiene noticias desde el pasado 22 de abril, con la operación de grupos de choferes que ofrecen viajes compartidos, principalmente a Ciudad Juárez, y versiones de que son extorsionados por un grupo criminal con presencia tanto en Chihuahua como en aquella frontera.
Desde hace días, los “Ubers”, como les llaman genéricamente a los choferes de plataforma, han estado siendo objeto de peticiones de presuntos criminales, para que paguen por seguridad en el tránsito que realizan con tres o hasta cuatro pasajeros de una ciudad a otra.
Es un negocio, este del transporte particular, relativamente bueno, pues a los pasajeros les da la comodidad de ir en carro, cómodamente sentados hasta su destino, mientras que los conductores pueden cobrar más caro que un camión, sin que sea propiamente un precio inaccesible.
Sin embargo, de ser reales esas supuestas exigencias de cuota para que no sean molestados en la carretera por los grupos criminales, pues el negocio no solo deja de ser lucrativo, sino que hasta se vuelve riesgoso.
En este contexto de estas versiones de que están extorsionando a los conductores es que justamente ocurre la desaparición de Castillo Díaz, por quien amplios sectores del gremio y de la sociedad, así como sus familiares, han pedido su regreso.
No es descabellado pensar que la víctima de desaparición pudiera haber sido presa de cualquier otro delito, de los que abundan en Chihuahua ante el desgobierno existente en materia de seguridad, pero la idea de que pudieran ligarse esas extorsiones que nunca se denuncian a lo que le pudo haber ocurrido al joven conductor con dominicilio en la colonia Las Granjas.
Los empleados en esa labor ahora de riesgo tienen de qué preocuparse. Constantemente resultan involucrados o víctimas de delitos relacionados con las plataformas de transporte privado, cuyo descontrol les resulta a veces bueno para el negocio, pero también grave para su seguridad.
Aunque no existan las denuncias, las áreas de seguridad deberían agotar esas pistas de las extorsiones en los viajes compartidos, no sólo para investigar la desaparición del joven DiDi, sino para responder a la demanda de garantías para trabajar por parte de estos empleados cuyo patrón son las plataformas digitales.
Sin distraerse en las grillas internas del PAN, pero tampoco sin dejar de lado su aspiración a presidente municipal de la capital, el joven secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, enfocó sus baterías en la promoción de los programas sociales estatales, que están más cerca del emprendedurismo que del simpre asistencialismo promovido a nivel federal.
Uno de esos programas que parece prometedor es el de los créditos accesibles que el Gobierno del Estado ofrece a través del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES).
En línea con las instrucciones que ha girado la gobernadora Maru Campos, orientadas a tener como prioridad brindar herramientas que impulsen el emprendimiento, la dependencia ha enfocado sus baterías al diseño de financiamientos con tasas de interés competitivas, que van desde el 0 por ciento para apoyar a grupos de extrema vulnerabilidad y no superan el 9 por ciento.
Estos créditos que ha estado promoviendo Loera, pueden pagarse en plazos de hasta 36 meses, lo cual representa una opción viable para quienes no pueden acceder a financiamiento bancario tradicional.
El programa facilita la apertura o consolidación de microempresas dedicadas a diversos rubros, como la elaboración de productos alimenticios, la comercialización de una amplia gama de artículos o la prestación de servicios.
Una de las principales ventajas del programa es que, al cumplir con el pago del préstamo, las personas pueden acceder a nuevos apoyos e incentivos ofrecidos por la administración estatal.
Los apoyos de esta forma, puede verse, impulsan la productividad y la pequeña economía, el consumo basado en el trabajo, no es solo asistencialismo barato, de ese que generalmente es utilizado con fines electorales.
La semana pasada fue la agenda de la gobernadora, Maru Campos, la que marcó la discusión pública, especialmente con la gira que realizó por Texas, Estados Unidos, para reunirse con su homólogo Greg Abbott, empresarios y académicos de aquella entidad norteamericana.
Lo relevante para el estado, sin duda alguna, está en los acuerdos y el acercamiento con el mandatario texano, republicano y aguerrido, que no le tiembla la mano para poner de cabeza a la frontera si percibe cualquier amenaza a su seguridad.
De ahí que es importante la relación directa entre gobernadores, pues en más de dos ocasiones previas, Abbott ha ahorcado el tránsito de mercancías de Chihuahua a Texas, ante la migración desbordada y el tráfico de drogas.
Pero políticamente hay mensajes interesantes en esa gira, en la que se hizo acompañar de tres secretarios de su gabinete.
Acompañaron a Campos Galván el secretario de Seguridad, Gilberto Loya; el secretario de Educación, Hugo Gutiérrez y el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, en diferentes momentos de la gira.
Es importante la mención porque tanto de Gutiérrez como de Fernández, es conocido que son eficientes operadores de la mandataria en los temas de sus dependencias, pero el secretario de Seguridad Pública había estado alejado del círculo cercano desde aquella alocada campaña anticipada que emprendió, en aras de posicionarse como candidato a la gubernatura.
Parece que Loya recuperó su nivel de operador eficiente de los temas que le interesan a la gobernadora, como éste de reforzar la colaboración con las autoridades y los sectores productivos del estado vecino, porque mucha de la actividad económica y del empleo, depende de que trabajen bien estos gobiernos, que conforman una sola economía regional, más allá de la división fronteriza.
